Los centros de detención quedaron definidos. Después de la coordinación entre la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, las autoridades decidieron que el congresista Wadith Alberto Manzur Imbett cumplirá su detención preventiva en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá. Su colega Karen Astrith Manrique Olarte, por su parte, será trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, también en la capital. Ambos enfrentarán allí el proceso en su contra por el escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La decisión llegó después de que la Sala Especial de Instrucción ordenara la detención preventiva de los dos congresistas el pasado 11 de marzo, en el marco de una investigación por presunto cohecho impropio. Según la Corte, existen indicios de que Manzur y Manrique habrían recibido beneficios a cambio de influir en decisiones relacionadas con créditos públicos. Los hechos se remontan al segundo semestre de 2023, cuando ambos legisladores, en su calidad de integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, supuestamente aceptaron ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda.

En reuniones documentadas, según la Corte, se habrían definido contraprestaciones que consistían en el impulso de contratos y obras de interventoría en tres proyectos de la UNGRD ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar. Estos convenios alcanzarían montos cercanos a los 92 mil millones de pesos. El expediente incluye testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien aseguró haberse reunido en varias ocasiones con Manrique para revisar avances de contratos que, presuntamente, serían direccionados.

La medida de aseguramiento en centro carcelario responde a la necesidad de garantizar su comparecencia al proceso y evitar posibles interferencias en la investigación. Además de Manzur y Manrique, fueron acusados los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, así como la exsenadora Liliana Bitar, aunque estos continuarán vinculados al caso en libertad mientras avanza el juicio.

El escándalo ha tenido repercusiones políticas significativas. Entre las consecuencias está la paralización de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, de la cual hacían parte varios de los implicados. Ahora, con los traslados a los centros de reclusión en marcha, el proceso judicial entra en una nueva fase en la que se evaluarán a fondo las pruebas recaudadas contra los investigados.