La Nueva EPS está en crisis, y no es una novedad que sorprenda a nadie. Con 11,5 millones de afiliados dependiendo de esta empresa, el sistema de salud está prácticamente en paro. La muerte de Kevin Acosta la semana pasada por no recibir medicamento para la hemofilia en dos meses fue el golpe más duro, pero es apenas la punta del iceberg de un problema que se retuerce hace años.

Las deudas acumuladas con hospitales y clínicas, las decenas de miles de quejas sin resolver y la ausencia total de información sobre las finanzas de la empresa desde septiembre de 2023 conforman un panorama desolador. La Defensoría del Pueblo reportó que las quejas contra Nueva EPS se duplicaron en 2025 comparado con 2024. Eso dice mucho de lo que está pasando ahí adentro.

Luz María Múnera, superintendente de Salud designada para intervenir la empresa, fue clara en sus palabras. Encontró que no existen informes financieros confiables de 2024 y 2025, y hay una cifra de 15 billones de pesos sin auditar. Lo más preocupante es su conclusión sobre lo que ocurre con los medicamentos: "Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que también se ha intentado crear una crisis". Múnera describe situaciones donde usuarios hacen fila, les dicen que no hay medicamento disponible, pero cuando aparece un funcionario de la Superintendencia, la farmacia los atiende sin problemas y entregan los medicamentos completos. Eso no es coincidencia, es intención.

En dos meses de gestión, Múnera ha hecho 1.300 peticiones de información a la Nueva EPS. Está implementando compras conjuntas de medicamentos con 12 EPS para negociar precios mejores, lo que ya ha generado un ahorro estimado de 214 mil millones de pesos en la primera fase. También creó un puesto de mando unificado que se reúne cada miércoles para hacer seguimiento estricto a lo que se está cumpliendo y lo que no. Pero lo más importante es que la Superintendencia firmará un contrato con una auditoría forense internacional para transparentar qué está pasando con las finanzas y si hay, como se sospecha, corrupción de años.

Sobre el tema de quién tiene la culpa de la falta de medicamentos, Múnera es contundente: no es solo de un lado. Las farmacéuticas tienen razones para no surtir si no les pagan, eso es cierto. Pero la Nueva EPS también tiene autonomía para actuar contra el incumplimiento de contratos. Su propuesta es que la Adres haga pagos directos y unificados a todos los prestadores, tanto privados como públicos, por igual. Así acaba el "juego perverso" donde unos reciben antes que otros sin razón clara.

Cuando le preguntan cuál es el alcance real de la Superintendencia para frenar esta debacle, Múnera responde que aunque no pueden coadministrar la empresa, tienen autoridad para vigilar, controlar y sancionar. Y lo resume en una frase que retrata su determinación: "la superintendencia tiene dientes suficientes y debe usarlos. En el caso mío, los voy a usar". Es el tono que necesita este momento: no más cartas bonitas sin resultado. Es hora de acciones que de verdad duelan.