Virna Johnson, quien fuera alcaldesa de Santa Marta, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. Esta vez enfrenta cargos por un caso que ha dejado varias dudas sobre el manejo de recursos públicos en la capital del Magdalena durante su gestión. El próximo 2 de julio comparecerá ante el Juzgado 8 Penal Municipal del Magdalena donde le serán imputados los delitos investigados por la Fiscalía General de la Nación.

El problema está en un contrato por más de 1.100 millones de pesos destinado a jornadas de esterilización de perros y gatos. Según la investigación fiscal, el convenio tenía serias irregularidades. Los delitos imputados son contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, ambos considerados graves con penas significativas. El abogado Julián Quintana, que representa a la Alcaldía como víctima en el proceso, reveló detalles preocupantes sobre cómo se ejecutó este recurso público.

Lo más llamativo es lo que encontraron los expertos: el contrato contemplaba apenas 2.000 procedimientos de esterilización, pero veterinarios consultados aseguraron que con esa misma cantidad de dinero se podían haber realizado más de 5.000 intervenciones, es decir, más del doble. Los entes de control detectaron cobros excesivos en medicamentos veterinarios, gastos altos e injustificados para transportar animales, e incluso compras masivas de artículos de bajo costo como lapiceros que habrían inflado artificialmente el valor final del contrato.

La Contraloría Distrital de Santa Marta realizó auditorías sobre el caso y encontró hallazgos fiscales por más de 684 millones de pesos, lo que significa que esa suma habría sido presuntamente mal utilizada o pagada sin justificación adecuada. No es un asunto menor cuando se trata de dinero que debería beneficiar a la comunidad.

En la misma audiencia, la Fiscalía también formalizará acusaciones contra Rosibel Carrillo de la Cruz, representante legal de la fundación Despertar Solidario, que fue la entidad contratista encargada de ejecutar el convenio. Ella también responderá por su participación en las presuntas irregularidades. El 2 de julio se conocerá si ambas deberán continuar el proceso en libertad o enfrentar medida de aseguramiento privativa de la libertad.