Virna Johnson enfrenta a la justicia por irregularidades en contrato de esterilización animal

La exalcaldesa de Santa Marta Virna Johnson debe comparecer hoy ante un juzgado por presuntas irregularidades en un contrato millonario para esterilizar perros y gatos. La Fiscalía la acusa de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación, delitos que habían sido denunciados desde 2020 por investigaciones periodísticas que encontraron sobrecostos significativos. La Contraloría Distrital cuantificó irregularidades por más de 684 millones de pesos.
A esta hora, Virna Johnson está compareciendo ante la justicia en una audiencia de imputación y medida de aseguramiento programada para las 4:00 pm. La exalcaldesa samaria debe responder por presuntas irregularidades encontradas en un contrato para la esterilización de caninos y felinos durante su administración en el Distrito.
Los cargos en su contra corresponden a contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, según documentos de la Fiscalía. En la misma audiencia también está vinculada Rosibel Carrillo De la Cruz. El abogado Julián Quintana divulgó la noticia a través de la red social X, señalando que la Fiscalía solicitó la imputación contra la exmandataria "por corrupción".
Este caso tiene raíces profundas. Desde noviembre de 2020, el portal Seguimiento.co había alertado sobre posibles sobrecostos en el contrato promovido por la Alcaldía. Fue el veterinario Jherson Hernández quien inicialmente denunció las irregularidades en las jornadas de esterilización de mascotas.
Las cosas se pusieron más serias en junio de 2023, cuando Seguimiento.co reveló nuevos detalles de la investigación: una licitación que originalmente contemplaba 8.000 esterilizaciones fue reducida a 4.100 procedimientos. Lo grave es que el presupuesto se mantuvo cercano a los 1.100 millones de pesos. ¿La pregunta obvia? Se hizo la mitad del trabajo con casi el mismo dinero.
La Contraloría Distrital metió las manos al asunto y encontró hallazgos fiscales y administrativos por más de 684 millones de pesos. Entre los cuestionamientos están inconsistencias en alquileres, compra de insumos, refrigerios que presuntamente nunca fueron entregados y posibles dobles gastos en vehículos utilizados para las jornadas de esterilización. Todo suma a una historia de presunto desvío de recursos públicos que hoy busca que la justicia resuelva.
Fuente original: Seguimiento

