La violencia tiene su propio calendario electoral. Un análisis de los registros del Ministerio de Defensa pone en evidencia cómo los actos de terrorismo se concentran justo en los meses previos a las grandes votaciones presidenciales, pintando un panorama preocupante sobre la seguridad en medio de los procesos de campaña política.

Entre el 28 de febrero y el 28 de mayo de 2022, período inmediatamente anterior a la primera vuelta presidencial, las autoridades registraron 318 hechos de terrorismo. Son cifras que hablan por sí solas: significa un promedio diario de 3,53 hechos cuando lo normal en el año es de 2,03. En otras palabras, durante esa ventana preelectoral los registros estuvieron 74 por ciento por encima de lo habitual. La violencia no se distribuyó de manera uniforme. Antioquia cargó con casi la mitad del problema, acumulando 139 hechos, mientras que Norte de Santander, Sucre, Córdoba, Bolívar y Cauca concentraron el resto de la actividad criminal.

El panorama de 2018 fue distinto aunque igualmente preocupante. En los tres meses previos a esa elección, entre el 26 de febrero y el 26 de mayo, se contabilizaron 221 actos de terrorismo. El aumento respecto al promedio anual fue más contenido, apenas del 15 por ciento, pero sigue siendo una escalada. En esa ocasión el epicentro de la violencia estuvo en Nariño con 84 hechos, seguido por otros departamentos con cifras menores. El municipio de Tumaco se destacó de manera negativa como principal foco, concentrando 71 de esos registros.

Para 2026, los datos todavía son incompletos pero ya generan señales de alerta. Aunque la información disponible solo cubre hasta el 29 de marzo, cuando la primera vuelta está prevista para el 31 de mayo, en esas primeras semanas de campaña ya se registraban 91 hechos de terrorismo. El Cauca lidera nuevamente con 24 registros, seguido por Bolívar, Norte de Santander y otros departamentos del sur y oriente del país.

Es importante aclarar que estos registros no miden ataques directos contra candidatos, campañas o partidos políticos. Son cifras de la Policía Nacional sobre conductas clasificadas como terrorismo o actos de terrorismo, indicadores de seguridad pública que ocurren durante las ventanas electorales. Los números, sin embargo, plantean preguntas incómodas: ¿es coincidencia que la violencia organizada escale cuando los ojos políticos están en las campañas presidenciales? ¿Buscan algunos actores aprovechar la atención política dispersa para avanzar sus intereses criminales?

Los datos vienen de fuentes oficiales del Ministerio de Defensa, pero abren un debate que va más allá de los números: qué se está haciendo para garantizar que el contexto de violencia no contamine los procesos democráticos ni limite la capacidad de los colombianos de participar libremente en las elecciones.