Lo que parecía ser una noticia positiva para los trabajadores de vigilancia y aseo se convirtió en pesadilla laboral en apenas seis semanas. El aumento del salario mínimo del 23,7% que decretó el Gobierno a finales del año pasado llegó con una carga oculta: las empresas que contratan estos servicios comenzaron a recortar personal de inmediato para no perder dinero. Aunque el Consejo de Estado ya suspendió ese aumento provisionalmente, el daño ya está hecho y miles de personas se quedaron sin trabajo.

La realidad de Carlos Yepes, un vigilante de 32 años del Valle de Aburrá, resume lo que está pasando en toda Colombia. Él llevaba tres años trabajando en turno nocturno, lo que le permitía estudiar una tecnología en logística durante el día. Cuando su empresa renegó el contrato con la copropiedad donde trabajaba, lo trasladaron a turnos rotativos. "Me dijeron que era eso o nada. Con el turno nuevo ya no podía ir a clase. Intenté cuadrar horarios, pero no me dieron opción", cuenta. Sin poder compatibilizar estudio y trabajo, decidió renunciar. Su historia se repite en decenas de empresas.

El problema es matemático y brutal. En vigilancia, donde operan cerca de 400 mil trabajadores formales, más del 80% del presupuesto va en salarios. Un puesto de vigilancia 24 horas con arma costaba $15,3 millones mensuales hace poco. Hoy cuesta $18,8 millones. Pero el golpe es aún peor si se suman los cambios de la reforma laboral: la jornada bajó de 48 a 42 horas, los recargos nocturnos aumentaron, y las cargas por domingos y festivos también se elevaron. En total, los costos crecieron casi el 31%, según datos del sector. Cuando los clientes como centros comerciales y hoteles se enteraron de esto, simplemente rechazaron pagar más. La salida fue despedir gente.

En aseo la historia es parecida pero más dramática. Allí trabajan 450 mil personas, en su mayoría mujeres y cabeza de familia. Las empresas presupuestaron en noviembre un aumento de apenas el 12%, pero llegó el 23,7% y las dejó sin piso. El problema inmediato fue de caja: en enero tenían que pagar nómina con el nuevo sueldo, pero los clientes aún no habían autorizado el aumento en sus contratos. María del Pilar Rodríguez, directora de Fenaseo, la asociación del sector, lo resume así: "¿Quién acepta un aumento del 23% en un contrato?". La respuesta de muchos clientes fue mantener el mismo presupuesto pero sacar trabajadores. Si un contrato costaba 200 millones y subir sueldo implicaba 220 millones, eliminaban entre 4 y 10 puestos para dejar el costo igual. Los que se quedan tienen que hacer el trabajo de los que se fueron.

El fenómeno se extiende hasta los hogares. Familias que antes contrataban aseo cuatro o cinco días a la semana ahora lo hacen una sola vez. Otros directamente pagan 40 mil pesos en efectivo a alguien sin seguridad social, porque sale más barato que un servicio formal que cuesta entre 80 mil y 100 mil pesos la jornada. Esto genera un círculo vicioso: crece la informalidad, la gente pierde protección laboral, y hay competencia desleal contra las empresas que sí cumplen la ley. Además, surgió otra injusticia: mientras el salario mínimo subió obligatoriamente, los empleados administrativos que ganaban poco más que eso no tuvieron el mismo aumento, generando resentimiento y más rotación de personal.

Los números del desastre son preocupantes. En vigilancia, expertos del Banco de la República estiman que entre el 10% y el 15% de los empleos podrían desaparecer, dependiendo de la región y el tipo de servicio. En aseo, los gremios reportan reducciones cercanas al 20% en contratos específicos donde no aceptaron el aumento de tarifa. Lo inquietante es que las decisiones se están aplazando hasta asambleas de marzo, dejando meses de incertidumbre y desempleo.

Los gremios advierten sobre consecuencias que van más allá de lo económico. Un vigilante menos significa menos seguridad. Personal de limpieza reducido en una clínica es un riesgo de salud pública. Desde vigilancia piden que refuercen la inspección para frenar la informalidad. Desde aseo suplican "sensatez" a los contratantes para no hacer cortes que comprometan lo esencial. Lo paradójico es que ninguno de los dos sectores se opone al aumento del salario mínimo en sí; el problema es que cuando el ajuste es tan grande y tan inesperado, la carga termina cayendo sobre los trabajadores más vulnerables: aquellos que pierden el empleo.