Mañana viernes 15 de mayo no será un día cualquiera en los juzgados de familia de Bogotá. La Comisaría Segunda de Familia de Usaquén tiene la responsabilidad de emitir un fallo escrito que marcará un antes y un después para doña Helena Rodríguez, una mujer de 91 años que fundó la empresa Elena del Mar y que hoy se debate entre la dignidad y la supervivencia dentro de su propio hogar.

Según las denuncias que reposan en los expedientes judiciales, doña Helena enfrenta una situación de abuso y maltrato ejercida por su propia hija María Teresa García Rodríguez. El ciclo de violencia que describe la afectada incluye insultos, agresiones y lo que los investigadores clasifican como explotación económica sistemática. "Le tengo miedo; le perdí toda la confianza. Exijo que paren los insultos y las agresiones", consignó por escrito doña Helena en un testimonio que ahora se considera crucial para el caso.

Lo que resulta especialmente preocupante es que doña Helena intentó obtener protección desde 2024 y principios de 2026, pero en ese momento la Comisaría de Familia desestimó sus solicitudes de auxilio. Esto significó dejarla expuesta durante meses a la persona que ella misma identifica como su agresora. Solo después de lograr liberarse momentáneamente de la presión y vigilancia constante pudo ratificar sus denuncias con la claridad y las nuevas pruebas que hoy están bajo análisis de la justicia.

El caso ha trascendido los muros del juzgado. Empresarios y sectores de la sociedad civil esperan que las autoridades actúen conforme a la Ley 2126 de 2021, que establece protecciones específicas para víctimas de violencia intrafamiliar. Los analistas plantean que el fallo debe contemplar el retiro inmediato de María Teresa del entorno de su madre, medidas que blindeen el patrimonio de doña Helena contra explotación económica, y un mensaje legal contundente de que atacar a un adulto mayor tiene consecuencias severas en Colombia.

Lo que suceda mañana en la Comisaría de Usaquén trasciende el caso individual de una mujer de 91 años. Será una prueba de fuego sobre si la justicia colombiana tiene la capacidad real de proteger a sus ciudadanos más vulnerables o si permite que intereses familiares egoístas se impongan sobre la dignidad humana. Doña Helena ya entregó su parte: la valentía de denunciar pese a vivir bajo el mismo techo que su agresora. Ahora espera que los jueces demuestren que en este país nadie está por encima de la protección de la ley.