Víctor Muñoz, quien fue exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia durante el Gobierno actual, hizo un llamado directo y contundente a Gustavo Petro para que ponga en marcha el protocolo de transición con Abelardo de la Espriella sin más demoras. El mensaje es claro: la entrega de poder entre gobiernos no es un gesto de cortesía del mandatario saliente, sino una obligación que marca la institucionalidad democrática del país.

Según Muñoz, el Ejecutivo debe emitir de manera urgente las directivas presidenciales para conformar formalmente los comités de empalme y establecer cronogramas definidos. Una herramienta fundamental en este proceso es Datálogo, una plataforma implementada en 2022 que reúne centralmente toda la información de gestión, balances de contratación, presupuestos, litigios y proyectos en ejecución de todas las carteras del Estado. Sin este sistema funcionando, la continuidad de los servicios públicos queda en riesgo.

El exfuncionario recalcó que el protocolo democrático exige que el presidente saliente establezca comunicación directa esta misma semana con De la Espriella para ofrecerle el saludo oficial como presidente electo y designar formalmente a los delegados de la transición. Lo comparó con lo que ocurrió cuando Iván Duque entregaba el poder: apenas tres días después de la segunda vuelta en 2022, ya se coordinaban mesas técnicas con los representantes de Petro, y el primer encuentro oficial en la Casa de Nariño se realizó como un mensaje de solidez para el país.

El problema radica en que la administración Petro mantiene congelado el inicio del empalme mientras espera el resultado definitivo de los escrutinios municipales y departamentales. El reconteo mesa a mesa busca determinar si el candidato oficialista Iván Cepeda logra recuperar los votos necesarios frente a las cifras del preconteo del pasado 21 de junio. Como la autoridad electoral aún no se ha pronunciado de manera oficial, el Gobierno saliente no ha reconocido formalmente el veredicto de las urnas.

Esta parálisis administrativa impide que las dependencias estatales abran sus puertas y comiencen a transferir la documentación estratégica al equipo que pronto asumirá el control del país. Para Muñoz, la dilación va en contra del sentido de responsabilidad que debe caracterizar cualquier transición democrática.