El nombramiento de Sandra Ramírez como vicepresidenta de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República encendió nuevamente un debate sobre la participación política de excombatientes en espacios de justicia transicional. Desde la Corporación Rosa Blanca, organización que agrupa a víctimas de crímenes de guerra, salió un rechazo tajante a esta designación.

Adel González, director de la Corporación Rosa Blanca, no minió palabras al calificar el hecho como "revictimizante". La organización fue conformada por víctimas, especialmente niñas que fueron violadas sexualmente por comandantes de las Farc, y desde 2018 trabaja en la defensa de víctimas en diferentes regiones del país. González fue directo en su cuestionamiento: "Es absurdo que una persona que toda su vida violó los derechos humanos esté representando al Senado en la defensa de las víctimas". Para la Corporación, esta designación representa "una acción con daño que no entendemos".

Sandra Ramírez respondió a los cuestionamientos argumentando que su elección responde a derechos derivados del Acuerdo de Paz. "Todo un escándalo se ha armado en torno a mi elección (...) como senadora tengo todo el derecho. Esta elección obedece a mi participación política aquí en el Congreso de la República", señaló. Además, cuestionó lo que ella considera una instrumentalización de las víctimas por parte de actores políticos y mediáticos, e hizo un llamado a que "no instrumentalicen a las víctimas". La senadora enfatizó su compromiso con las víctimas: "Para las víctimas todo mi respeto y las garantías de que en nuestro país no se vuelva a repetir esa larga y oscura noche de la guerra".

Pero la discrepancia va más allá de esta designación. González también cuestionó el balance del Acuerdo de Paz tras ocho años de implementación. Según su análisis, las víctimas no han visto avances significativos en verdad y justicia. "No han aportado verdad (...) y tampoco se ha dado cumplimiento al derecho a la justicia", aseguró. El vocero de la Corporación Rosa Blanca sostiene que las sanciones en justicia transicional no representan una reparación efectiva para quienes sufrieron los hechos de violencia.

González también advirtió sobre problemáticas que persisten en el territorio: el reclutamiento de menores y la violencia continúan presente en varias regiones del país, lo que evidencia, a su juicio, dificultades serias en el cumplimiento de las garantías de no repetición que promete el Acuerdo.