Las víctimas de las Farc levantaron la voz esta semana pidiendo que se acabe la permanencia de Kendry Téllez Álvarez, alias "Yako", dentro del sistema de justicia transicional. La Federación de Víctimas de las Farc presentó un documento de nueve páginas ante la Jurisdicción Especial para la Paz cuestionando por qué alguien presuntamente vinculado al magnicidio del exprecandidato Miguel Uribe Turbay sigue disfrutando de beneficios en la JEP. La solicitud es contundente: aseguran que "Yako" "ha incurrido en un incumplimiento grave, reiterado y estructural del régimen de condicionalidad que rige su permanencia en la Jurisdicción Especial para la Paz".

El caso de "Yako" resume la tensión que vive el proceso de paz en Colombia. Es un exdesmovilizado de las Farc que fue admitido en la JEP tras el Acuerdo de Paz y recibió libertad condicional a pesar de tener dos condenas graves: 28 años por secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas, más 51 meses adicionales por tentativa de extorsión. Lo problemático es que, según la Federación de Víctimas, desde 2022 no se ha presentado ante las autoridades. Una magistrada auxiliar intentó localizarlo sin éxito ese año, y el patrón se repitió en 2025, un mes después del atentado contra Uribe Turbay ocurrido el 7 de junio.

La Fiscalía lo apunta como pieza clave en la muerte del exsenador. Según las investigaciones, "Yako" habría participado en la planeación, coordinación y financiación del crimen. El contacto crucial habría sido con Simeón Pérez Marroquín, alias "El Viejo", quien ya fue condenado a 22 años de prisión. En su declaración, "El Viejo" afirmó que fue Téllez quien lo contactó y lo vinculó con los autores materiales e intelectuales de la operación. Miguel Uribe Turbay finalmente falleció el 11 de agosto de 2025.

La Federación de Víctimas insiste en que esto no es un incumplimiento superficial. En su solicitud plantean que la conducta de "Yako" "evidencia una desvinculación material del sistema transicional, manifestada en la incomparecencia ante la jurisdicción, la imposibilidad de ejercer control judicial efectivo, su presunta reincidencia en actividades delictivas y su eventual integración a estructuras armadas ilegales posteriores al Acuerdo Final". Por eso piden medidas drásticas: suspensión inmediata de todos los beneficios, orden de captura preventiva y que el caso vuelva a la justicia ordinaria.

Téllez ya tiene orden de captura por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Las autoridades ofrecen una recompensa de 500 millones de pesos por información sobre su paradero. Todo esto plantea una pregunta incómoda sobre la JEP: ¿cómo continúa un compareciente vinculado al sistema si incumple los deberes básicos, como abstenerse de cometer nuevos delitos y la dejación de armas?