La vicepresidenta Francia Márquez salió al paso del atentado que sacudió a Cali en horas recientes, cuando fueron detonados cilindros explosivos en las proximidades del Batallón Pichincha. Con tono firme, la funcionaria expresó su rechazo a lo ocurrido y advirtió que estos actos de violencia no lograrán intimidar al pueblo colombiano ni detener los procesos electorales que se avecinan. "Rechazo que mi región, que mis departamentos, que mi Pacífico esté sometido a la barbarie de estos grupos", manifestó Márquez, refiriéndose a la crisis de seguridad que aqueja a su zona de origen.

La vicepresidenta fue contundente al rechazar la lógica que pretenden imponer los grupos armados ilegales. "No nos van a silenciar, no nos van a amedrentar, y como pueblo nos seguimos levantando con rectitud por la vida y por la paz", expresó. Enfatizó que el terrorismo no es el camino para gobernar un país ni para ganar elecciones, e hizo un llamado directo al Ministerio de Defensa para que tome acciones urgentes en protección de los caucanos, nariñenses y la población civil en general. "Se tienen que usar todas las herramientas del Estado colombiano para proteger al Pacífico", agregó.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también rechazó lo ocurrido y se solidarizó con el pueblo caleño. Calificó el atentado como "una atrocidad, algo que va contra la vida, contra la democracia, contra nuestro país". El funcionario informó que ya ha sostenido conversaciones con el alcalde de Cali para implementar respuestas inmediatas que incluyen fortalecimiento de inteligencia, aumento del pie de fuerza (despliegue de efectivos de seguridad) y posibles sesiones de consejo de seguridad coordinadas.

El atentado se suma a una serie de hechos violentos que en las últimas semanas han golpeado al suroccidente colombiano, particularmente el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Según las autoridades, la región ha experimentado un incremento preocupante en ataques contra la fuerza pública, hostigamientos y atentados explosivos. Estos hechos responden, según lo advierten funcionarios del Gobierno, a disputas territoriales entre grupos armados ilegales como disidencias de las FARC y estructuras del ELN, quienes compiten por el control de economías criminales como el narcotráfico y la minería ilícita. Esta situación ha puesto a la población civil en una posición de alto riesgo y vulnerabilidad.