Cinco meses han pasado desde que se ejecutó la "Operación Resolución Absoluta" el 3 de enero de 2026, operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Muchos creían que este evento marcaría un punto de quiebre definitivo en la historia venezolana, pero la realidad ha sido otra. En las calles de Venezuela, la vida cotidiana sigue transcurriendo con los mismos ritmos de sufrimiento que caracterizaban al régimen depuesto.

El deterioro de los servicios básicos continúa siendo la principal pesadilla de millones de venezolanos. La electricidad llega de forma irregular, el agua potable es un lujo cada vez más escaso y obtener gas doméstico se ha convertido en una odisea. Estas deficiencias no son simples inconvenientes, sino síntomas profundos de una crisis que persiste independientemente de quién esté en el poder.

Pero quizás el problema más alarmante sea la inflación que devora los ahorros y esperanzas de la población. El año pasado cerró con una inflación de 475 por ciento, un récord mundial que ningún otro país ha experimentado. En Venezuela, una potencia petrolera que literalmente flota sobre un océano de crudo, sus ciudadanos enfrentan una hiperinflación que crece sin que exista un mecanismo visible que la contenga.

La deuda externa también ha alcanzado proporciones insostenibles. Con cifras que superan los 160 mil millones de dólares y creciendo exponencialmente desde hace años, Venezuela se vio obligada a suspender el pago de sus obligaciones externas. Esta suspensión solo ha agravado la espiral inflacionaria, atrapando al país en un círculo vicioso del cual parece imposible escapar.

Lo que queda claro es que la captura de Maduro, aunque simbólicamente importante, no ha traído los cambios estructurales que los venezolanos esperaban. La economía sigue desmoronándose, los servicios públicos siguen fallando, y la calidad de vida de millones de familias sigue deteriorándose día a día. Para el pueblo venezolano, el gran cambio prometido aún permanece en el horizonte, invisible y esquivo.