Venezuela enfrenta uno de sus peores momentos en años. El 24 de junio pasado, dos terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 arrasaron el país, convirtiendo la tragedia en una catástrofe humanitaria que se suma a los años de colapso económico que ya venía soportando la población.

Los números son desgarradores. Hasta el 26 de junio, las autoridades reportaban 920 personas muertas y 3.660 heridas hospitalizadas. Pero la cifra real es mucho más grave: se estima que hay más de 50.000 personas desaparecidas bajo los escombros. Las ciudades presentan edificios derrumbados, familias separadas y comunidades enteras destruidas.

La situación es aún más compleja porque Venezuela ya estaba en crisis antes de los sismos. Al inicio de 2026, 7.9 millones de venezolanos necesitaban ayuda humanitaria debido al estancamiento económico, la inflación y el colapso de servicios públicos básicos como salud y agua. El terremoto ha profundizado esta emergencia de manera exponencial.

La comunidad internacional ha reaccionado rápidamente. Estados Unidos anunció el envío inmediato de equipos especializados en búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria. También han llegado gestos de solidaridad desde Colombia, Cuba, Ecuador, Uruguay, India e Italia. El Papa envió 100.000 euros específicamente destinados a ayuda humanitaria.

Detrás de todo esto está el trasfondo de la crisis migratoria que ha marcado a Venezuela en la última década. Más de 6.5 millones de venezolanos son refugiados o personas que necesitan protección internacional, la mayoría en América Latina y el Caribe. Colombia es el principal destino de estos migrantes, acogiendo a más de 2.8 millones de refugiados y migrantes venezolanos.