El caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que murió tras someterse a un procedimiento estético en un local sin permisos al sur de Bogotá, se enfrenta a un obstáculo legal en su búsqueda de justicia. Mientras los peritos forenses aún trabajan para establecer las causas exactas de su muerte, las autoridades colombianas ya han capturado a cinco personas involucradas. Dos de ellas fueron encontradas en Cúcuta, pero otros tres lograron cruzar hacia Venezuela antes de ser aprehendidos en los estados de Aragua y Portuguesa.

Aquí es donde la historia se complica. Los tres detenidos en territorio venezolano son María Fernanda Delgado, dueña del establecimiento estético, Edison Torres, su pareja, y David Ramos, quien trabajaba allí. Como ciudadanos venezolanos, enfrentan una barrera legal casi infranqueable: la Constitución de Venezuela explícitamente prohíbe la extradición de sus nacionales. El artículo 69 establece que "la República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas".

La Fiscalía General de la Nación ya inició trámites de extradición confiando en que el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, vigente entre ambos países, seguiría siendo válido. Sin embargo, según explicó el abogado penalista Francisco Bernate a El Colombiano, esa legislación más reciente de Venezuela cierra las puertas. Bernate señaló que "la Constitución Política de Venezuela de 1999, su código penal y su código de procedimiento penal establecen una regla (...) y es que Venezuela no extradita a sus nacionales". La única forma en que una extradición podría proceder sería si la persona no tiene nacionalidad venezolana, si hay dudas sobre esa nacionalidad o si fue obtenida de manera irregular, situación que no aplica en este caso.

Pero esto no significa que el crimen quede sin castigo. El experto indicó que "lo que aquí procede es que Colombia tiene que participar activamente en esa investigación, en ese juzgamiento, aportando las pruebas por los mecanismos consulares y garantizar que las víctimas estén informadas". Si las autoridades colombianas perciben que en Venezuela no hay avances reales en el proceso, existe otra alternativa: Colombia "podría investigar y juzgar a estas personas en ausencia".

De momento, la Fiscalía analiza todas las vías jurídicas disponibles mientras continúa el proceso contra los capturados en Cúcuta. El panorama es claro: la extradición no se ve posible, como lo confirmó el abogado al concluir que "la extradición de estas personas no se ve posible". El caso de Yulixa Toloza, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Apulo, Cundinamarca, seguirá su curso, pero probablemente no en territorio colombiano.