Dos décadas de experiencia en las altas cortes del país respaldan la inquietud que acaba de plantear un grupo de 20 exmagistrados sobre la viabilidad de una eventual candidatura presidencial del abogado Abelardo De La Espriella. Los exintegrantes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado hicieron pública su preocupación argumentando que la ciudadanía estadounidense del abogado podría generar incompatibilidades con el ejercicio de la Presidencia de la República.

Lo interesante es que los firmantes fueron cuidadosos en aclarar que no se trata de una prohibición contra la doble nacionalidad como tal. De hecho, recordaron que la Constitución colombiana ya permite que un presidente tenga más de una nacionalidad, como sucede actualmente con el presidente Gustavo Petro, quien también posee ciudadanía italiana. El debate, entonces, no es tan simple como decir que tener dos pasaportes sea incompatible con gobernar Colombia.

La preocupación de estos exmagistrados apunta hacia algo más específico: los compromisos que una persona asume cuando obtiene la ciudadanía estadounidense. Según explicaron en su comunicación, al naturalizar como ciudadano estadounidense se debe prestar un juramento que incluye la renuncia a lealtades previas y el compromiso explícito de defender la Constitución y las leyes de Estados Unidos. Para los firmantes, esas obligaciones podrían crear conflictos de lealtad nacional si quien las ha adquirido llegara a ocupar la máxima autoridad del Estado colombiano.

Aquí es donde los exmagistrados marcan una distinción importante: la nacionalidad italiana de De La Espriella, en su criterio, no representa un obstáculo jurídico porque no implica compromisos que entren en conflicto con las responsabilidades constitucionales de un presidente colombiano. La ciudadanía estadounidense, en cambio, sí lo haría.

La intervención de este grupo de juristas con amplia trayectoria en el sistema judicial colombiano no pretende cerrar el debate, sino abrirlo. La cuestión que plantean es legítima desde el punto de vista constitucional y político: hasta dónde pueden llegar los compromisos adquiridos en otros países cuando se aspira a la máxima responsabilidad pública en Colombia. No es un asunto resuelto y parece que apenas comienza a discutirse en serio.