Casi tres semanas han pasado desde que los colombianos votaron el pasado 8 de marzo, pero el Consejo Nacional Electoral aún no cierra el proceso de escrutinio que debe oficializar quiénes serán los representantes que asumirán el próximo 20 de julio. Aunque el preconteo ya delineó la composición general del nuevo Congreso, las autoridades electorales siguen refinando los números para declarar en firme cada una de las curules. Es un proceso necesario pero que ha generado tensión entre candidatos y partidos que, en algunos casos, piden revisiones precisas de los resultados preliminares.

Los fricciones son evidentes. Cundinamarca acumula 700 reclamaciones sobre el conteo de votos, y hay departamentos completos donde aún no se pueden declarar todas las curules de la Cámara de Representantes. Es el caso de Cundinamarca y Chocó, mientras que en Bogotá hay 18 escaños todavía en el aire. Tampoco se ha definido la representación de los colombianos en el exterior, especialmente complicada porque los documentos electorales de 114 países donde hubo votación todavía están llegando. A esto se suma la pendencia de las curules afro e indígenas, que requieren revisión a nivel nacional.

Según información que conoció el diario El Tiempo, el Pacto Histórico encabeza la carrera con 31 curules confirmadas, aunque espera ratificar nueve más en Bogotá y Cundinamarca. El Centro Democrático tiene 22 curules y pelea por otras seis. El Partido Liberal también cuenta con 22 confirmadas y disputa otras seis, mientras que el Conservador suma 17 ratificadas y está en juego por dos más. La U tendría 13 escaños, Cambio Radical 11 y la Alianza Verde apenas cinco, lo que significa una caída de 10 escaños respecto a lo que consiguió en 2022.

Una noticia importante vino la semana pasada cuando el CNE finalizó el escrutinio de las 16 curules de paz o Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). Sobre esto, la autoridad electoral señaló que "Con este resultado, se consolida la representación política de las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes para el periodo 2026–2030, materializando uno de los pilares fundamentales de participación contemplados en el proceso democrático".

Sin embargo, ese triunfo institucional viene con una sombra oscura. Una de esas curules de paz llegará vacía: la de la representante Karen Manrique, quien actualmente está privada de la libertad por orden de la Corte Suprema, acusada de presunta participación en actos de corrupción relacionados con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Es un recordatorio de que, mientras el país avanza en procesos electorales, la corrupción sigue siendo una herida abierta en la política colombiana.