Con apenas días para que Colombia elija sus nuevos congresistas, salen a la luz los antecedentes legales de 20 aspirantes que quieren llegar al Capitolio. Según una investigación del portal Observadores Colombia, estos candidatos llegan a la contienda con investigaciones abiertas, procesos penales en curso o señalamientos graves. Los casos abarcan desde presunta corrupción en contratación pública, pasando por enriquecimiento ilícito, hasta lavado de activos. Aunque muchos de ellos aún no tienen condena y conservan la presunción de inocencia, el hecho de estar bajo investigación judicial abre la pregunta sobre si deberían ser quienes legislan para el país.

De los 20 identificados, 14 aspiran al Senado y 6 a la Cámara de Representantes. Se distribuyen entre 9 partidos políticos y tienen presencia en 11 departamentos. Entre los nombres que más suenan están Edwin Gilberto Ballesteros de Cambio Radical, Yenica Sugein Acosta del Centro Democrático, David Racero del Pacto Histórico, y varios candidatos del Partido de la U como Astrid Sánchez Montes de Oca y John Moisés Besaile. La lista también incluye a senadores como Didier Lobo de Cambio Radical, investigado por enriquecimiento ilícito, e Isabel Zuleta del Pacto Histórico, con proceso abierto por presunto abuso de función pública.

Un aspecto que ha generado especial atención es la vinculación de varios de estos candidatos con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD. Este caso de presunta corrupción ha golpeado fuerte al gobierno de Gustavo Petro, que llegó al poder precisamente con un discurso de lucha frontal contra la corrupción. El escándalo causó la salida de altos funcionarios y abrió procesos penales y disciplinarios. Ahora, que algunos de los implicados sigan en listas electorales reaviva el debate sobre qué tanto los partidos controlan internamente a sus candidatos y si existe coherencia entre lo que predican contra la corrupción y lo que practican.

Nombres como Juan Loreto Gómez del Partido Conservador, Berenice Bedoya del movimiento ASI y Wadith Manzur también del Conservador, aparecen relacionados con investigaciones por el escándalo de la UNGRD. Todos ellos buscan mantenerse o llegar al Congreso. Otros como Alex Xavier Flórez enfrentan procesos específicos por lavado de activos, mientras que los senadores León Fredy Muñoz de Alianza Verde e Isabel Zuleta tienen procesos abiertos por abuso de función pública.

Lo que más llama la atención es que muchos de estos candidatos son reincidentes en las listas: pertenecen a lo que se describe como "clanes" políticos que intentan reelegirse una y otra vez sin que los cuestionamientos judiciales frenen sus aspiraciones. Según lo escribió la periodista Diana Saray en su investigación, "el éxito de estos aspirantes depende directamente de la decisión ciudadana en las urnas". Con esto, Saray plantea que la responsabilidad recae sobre los votantes: permitir que personas con tales cuestionamientos continúen legislando es una decisión que cada colombiano debe tomar con conciencia este próximo 8 de marzo.