Un grito de alerta llegó desde la Veeduría en Salud Color Esperanza. La organización ciudadana le pidió públicamente al Gobierno Nacional que explique con claridad los motivos por los que Mauricio Jaramillo fue designado como el nuevo agente interventor de Coosalud EPS. El anuncio ha generado inquietud en diferentes sectores porque han circulado versiones sobre una posible relación familiar entre Jaramillo y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La veeduría fue cautelosa en su pronunciamiento. Aclaró que no está afirmando ni dando por cierta esa información sobre el vínculo familiar, pero considera que es responsabilidad de las autoridades eliminar cualquier duda con una explicación pública. Como lo señalaron en su comunicado: "Los colombianos merecen respuestas claras. La confianza ciudadana se fortalece cuando las instituciones actúan con transparencia, rinden cuentas y despejan oportunamente cualquier duda que pueda surgir sobre sus actuaciones".

Lo que pide la organización es bastante directo: que se haga pública y detallada la información sobre los criterios técnicos, profesionales y administrativos que justificaron esta designación. Si efectivamente existe un parentesco, la veeduría insistió en que corresponde a los órganos de control evaluar si eso afecta la independencia e imparcialidad de las decisiones que se tomen desde la intervención.

Pero el cuestionamiento va más allá del nombramiento específico. La Veeduría en Salud Color Esperanza también expresó preocupación por los cambios constantes en las intervenciones de las EPS mientras persisten problemas concretos en la atención a millones de colombianos. Siguen siendo comunes las barreras para acceder a consultas médicas, conseguir medicamentos, obtener autorizaciones y acceder a tratamientos especializados.

La organización recordó que tiene legitimidad legal para vigilar la gestión pública y las entidades que prestan servicios de interés general, como establece la Ley 850 de 2003. Por eso hizo un llamado formal al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a los organismos de control para que se pronuncien sobre estas inquietudes y garanticen que toda decisión sobre EPS intervenidas responda a criterios de mérito, idoneidad, transparencia y del interés general.