En Cartagena se conoció un caso que preocupa a quienes velan por los derechos de los ciudadanos. La veeduría en salud Color Esperanza denunció que un adulto mayor de 75 años fue atendido de manera que califican como indigna en la Clínica La Ermita, ubicada en el sector del Pie de la Popa. El hombre llegó a urgencias con una fractura de peroné, pero lo que pasó después desafía cualquier noción de atención humanizada.

Según lo que reportó la veeduría, el paciente pasó cuatro días sentado en una silla, soportando dolor intenso sin recibir la atención inmediata que debería caracterizar a un servicio de urgencias. La organización describió la situación como un "viacrucis de dolor y abandono" y cuestionó tanto al personal médico como a la respuesta institucional del centro asistencial. "Es inadmisible que en pleno siglo XXI un servicio de urgencias trate así a un ser humano. ¿Dónde está la atención prioritaria que exige la ley?", expresaron desde Color Esperanza.

El panorama se oscureció más cuando entró en juego la EPS Salud Total. Según la denuncia, la aseguradora decidió trasladar al paciente a otra clínica para la cirugía, pero le exigió un copago de 400 mil pesos. Esto resulta particularmente grave si se considera que, de acuerdo con lo denunciado, nunca recibió atención efectiva durante su paso por urgencias.

La veeduría sostiene que estos hechos violarían leyes fundamentales del sistema de salud colombiano, como la Ley 100 de 1993, que garantiza atención oportuna en urgencias, y la Ley 1751 de 2015, que reconoce la salud como derecho fundamental con protección especial a población vulnerable. También señalan el incumplimiento de lo ordenado por la Sentencia T-760 de 2008, que exige acceso inmediato a servicios sin barreras económicas.

Ante la magnitud de lo sucedido, Color Esperanza hizo un llamado de alerta a entidades como el DADIS y la Superintendencia Nacional de Salud para que investiguen e intervengan sin demora. La organización advierte además que este caso no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón problemático en la atención sanitaria de Cartagena. "¡Basta ya! No permitiremos que nuestros adultos mayores sigan siendo tratados con desprecio. Este caso refleja una violación flagrante de los derechos humanos de los usuarios", concluyó la veeduría, dejando clara su preocupación por una realidad que toca a muchas familias en la ciudad.