La zona rural de Itagüí enfrenta una crisis por falta de agua tras un acto de vandalismo que afectó directamente el acueducto que abastece a una vereda del corregimiento El Porvenir. Personas aún no identificadas intervinieron de manera ilegal la planta de tratamiento, dejando sin servicio a aproximadamente 160 familias que dependen completamente de esta red para su consumo diario.

Los daños fueron considerables. Según el reporte de la Empresa de Servicios Públicos del municipio, los vándalos destruyeron más de cincuenta válvulas de distintos tamaños y equipos fundamentales para que el agua llegue en condiciones adecuadas. Entre lo afectado están los sistemas de dosificación y clarificación, componentes esenciales para el tratamiento del líquido.

El gerente de la empresa de servicios, Hernán Sánchez, no ocultó su molestia por lo ocurrido. Expresó que "lamentamos y repudiamos el hecho de vandalismo que deja esta comunidad con afectaciones debido al daño de más de cincuenta válvulas de diferentes diámetros, equipos de dosificación, de clarificación", señalando que la administración municipal, encabezada por el alcalde Diego Torres, está presente en la solución del problema.

Para enfrentar la emergencia, la Alcaldía activó un plan de contingencia inmediato. Está usando carrotanques para llevar agua a las familias afectadas y distribuyendo garrafones que permitan a los habitantes tener acceso mínimo al recurso mientras se recupera el servicio normal. Estas son medidas temporales mientras avanzan las reparaciones técnicas.

Las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a los responsables. Según los cálculos iniciales, el vandalismo causó daños por aproximadamente 70 millones de pesos. Los trabajos de reparación ya comenzaron, aunque desde la administración advirtieron que restablecer completamente el servicio podría tomar alrededor de ocho días, dependiendo de cómo avancen los trabajos técnicos.

Mientras tanto, las familias de la vereda permanecen a la espera de que todo vuelva a la normalidad. Este tipo de acciones contra la infraestructura pública golpea directamente a quienes menos pueden afrontar una crisis de agua, recordando una vez más lo vulnerable que es el servicio en algunas zonas rurales del municipio.