Valledupar se encuentra entre las ciudades del país que están siendo investigadas por la Superintendencia de Transporte debido a posibles irregularidades en cómo operan las cámaras de fotomultas. Este proceso podría tener consecuencias importantes: masivamente se anulen comparendos ya impuestos y se devuelva dinero a miles de conductores que pagaron multas.

En total, la investigación abarca a 37 organismos de tránsito a nivel nacional. El problema principal gira en torno a fallas en el cumplimiento de requisitos técnicos y legales necesarios para que funcionen los sistemas automáticos de detección de infracciones. Según el Gobierno Nacional, esta situación podría afectar a más de 5,8 millones de comparendos que deberán ser revocados de oficio por las autoridades competentes, lo que beneficiaría a más de 1,4 millones de ciudadanos.

El centro de la cuestión está en lo que se conoce como el "concepto de desempeño", un documento que expide el Instituto Nacional de Metrología para certificar que las cámaras de fotodetección funcionan de manera confiable. Según la Superintendencia de Transporte, algunas autoridades habrían puesto en operación cámaras sin contar con este concepto, mientras que otras lo hicieron utilizando certificados de terceros u obtenidos después de ya estar imponiendo comparendos.

Además de Valledupar, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Montería y Sincelejo también están siendo investigadas.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que "el objetivo de la investigación es garantizar la legalidad de los procedimientos y evitar que las fotomultas se conviertan en mecanismos de recaudo sin el debido cumplimiento normativo". Por su lado, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, señaló que las acciones buscan "proteger la confianza ciudadana y verificar que los sistemas de detección electrónica operen bajo los requisitos técnicos establecidos por la ley".

Aunque las autoridades reconocen que estas cámaras han contribuido a reducir accidentes y controlar el exceso de velocidad, enfatizan que deben funcionar dentro del marco legal establecido.