En Valledupar, la inseguridad dejó de ser noticia para convertirse en rutina. Lo que antes sacudía a la comunidad ahora apenas genera reacción: homicidios contra comerciantes se repiten con una frecuencia que asusta, y nadie parece tener respuestas claras. Es como si la ciudad hubiera aprendido a convivir con la muerte en las calles.

José Gregorio Rojas, de 36 años, fue víctima el viernes pasado de esta violencia normalizada. Lo mataron a tiros cuando salía de su casa para llevar a su hija al colegio. Su caso no es excepción: muchos de los asesinatos recientes apuntan hacia comerciantes que simplemente intentan ganarse la vida. El patrón es claro, y eso es lo más preocupante.

Investigadores concentran sus esfuerzos en una hipótesis que cada vez gana más fuerza: la extorsión. Aunque algunos casos podrían derivarse de conflictos personales o deudas, la realidad es otra. Los comerciantes viven bajo un temor constante, preguntándose quién será la próxima víctima de este asedio criminal. Mientras tanto, el principal motor económico de la capital del Cesar se ve amenazado.

Pero el problema va más allá de cada crimen. Las estrategias de seguridad vigentes no están funcionando. Se anuncian consejos, se reúnen funcionarios, pero los hechos siguen ocurriendo. La ciudadanía ya no quiere diagnósticos ni explicaciones: exige resultados concretos en prevención. El control territorial brilla por su ausencia, y las redes de extorsión operan sin que nadie las desmantle. Hay una sensación generalizada de abandono estatal en los puntos más críticos de la ciudad.

Valledupar reclama seguridad preventiva, no solo reacción después de las tragedias. Los comerciantes necesitan que las autoridades anticipen el delito, que protejan las calles antes de que caigan más personas. Solo así, con un compromiso real y constante de la institucionalidad, la confianza pública podrá recuperarse. Mientras tanto, en Valledupar el dilema sigue siendo el mismo para muchos: vender o vivir.