En un movimiento sin precedentes para la región, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, se reunieron en Santander de Quilichao para coordinar una ofensiva común contra las estructuras criminales que operan en los límites entre ambos departamentos. El encuentro respondió a la preocupación creciente por amenazas terroristas y el desplazamiento de actividades delictivas desde el Cauca hacia el sur del Valle.

La decisión más importante fue la creación de Corredores Seguros en zonas estratégicas. Estos espacios de vigilancia intensiva no se limitan a la Panamericana, sino que cubrirán rutas que conectan al Cauca con municipios como Florida, Pradera, y el trayecto entre Puerto Tejada y Candelaria. El objetivo es detener ataques terroristas y frenar el avance de grupos armados que utilizan el corredor desde El Naya hasta Jamundí para atacar a la Fuerza Pública. La gobernadora Toro enfatizó que esta estrategia debe ejecutarse de manera articulada con las alcaldías, la Fiscalía y organismos de derechos humanos para lograr resultados operativos más efectivos.

Para fortalecer la captura de cabecillas, se estableció una bolsa de recompensas unificada que permitirá identificar y capturar delincuentes que operan de forma transnacional entre ambos departamentos. Según el gobernador Guzmán, este fondo incentivará la denuncia ciudadana con incentivos económicos de mayor alcance. Entretanto, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó que equipos técnicos ya comenzaron a coordinar recursos para fortalecer la inteligencia militar y policial, invertir en tecnología antidrones y diseñar estrategias conjuntas de control territorial.

La estrategia también tiene un componente social: prevenir el reclutamiento forzado de menores de edad, una preocupación constante en las zonas rurales de ambos departamentos. Paralelamente, se intensificarán las operaciones contra las economías ilícitas que financian a los grupos al margen de la ley. En el consejo participaron delegados de alcaldías vallecaucanas como Cali, Candelaria, Jamundí, Florida y Pradera, junto a representantes de siete municipios caucanos, incluyendo Suárez y Padilla.

Las autoridades informaron que el impacto de estas medidas será evaluado en un periodo de dos meses para ajustar la estrategia según los resultados.