En el Valle del Cauca la institucionalidad se mueve contra reloj. Falta solo una semana para que colombianos voten por sus representantes al Congreso, y en departamentos como este y el Cauca la tensión es evidente por la situación de orden público. Hace días, tras un consejo de seguridad conjunto entre ambas regiones, gobernadores y alcaldes tomaron decisiones concretas: intensificar corredores seguros y articular esfuerzos para garantizar unas elecciones sin sobresaltos.

Lo más urgente es la vía Panamericana. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha enfatizado en proteger los tramos que conectan la capital vallecaucana con Popayán y Puerto Tejada, en el Cauca, así como los que llegan a Candelaria. La razón es clara: grupos armados ilegales, especialmente disidentes de las Farc de Iván Mordisco, han instalado retenes donde roban vehículos y amenazan a civiles. El alcalde explicó que esta consolidación "permitirá la elaboración de un cartel de los más buscados del suroccidente colombiano, con priorización técnica y articulación interinstitucional". También se trabaja en un fondo regional de recompensas para identificar a delincuentes y motivar denuncias.

En conversación con este medio, el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, detalló los avances. Hace dos semanas se entregaron sistemas antidrones a la Armada Nacional y radios de última tecnología a la Tercera Brigada del Ejército. Todo esto con el propósito de garantizar que en cada puesto electoral haya presencia de la Fuerza Pública. Sin embargo, reconoce la realidad: hay más de 60 peticiones de diferentes municipios pidiendo trasladar puestos de votación, principalmente en Jamundí, Buenaventura y Tuluá, lugares donde los grupos armados han generado miedo entre la población civil.

Londoño explicó que estas peticiones van a la Comisión de Seguimiento Electoral Nacional, donde la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral evalúan si es viable hacer los movimientos. La postura de la gobernadora Dilian Francisca Toro es clara: hacer el máximo esfuerzo institucional con las capacidades disponibles para mantener el mayor número de puestos de votación posible. Ha destinado recursos de la tasa de seguridad no solo para la Fuerza Pública, sino también para logística y cobertura territorial.

Sobre el Batallón de Alta Montaña que se anunció hace meses, Londoño informó que ya adquirieron un predio de más de cuatro hectáreas que cumple especificaciones técnicas. Está en trámites técnicos con la Tercera Brigada del Ejército y el Comando de Ingenieros para definir la infraestructura militar, aunque por razones de seguridad no revelaron su ubicación.

El funcionario es consciente del panorama nacional. Señala que en los últimos tres años los grupos armados organizados crecieron 33 por ciento en el país, según datos que menciona. Su enfoque es claro: "no cesar, no ceder y no aflojar en la lucha frontal contra el terrorismo". Desde la Gobernación han hecho encuentros en municipios como Buga, reuniendo alcaldes, comandantes de policía y de batallones para articular esfuerzos y dar una respuesta del Estado unificada y contundente frente a las amenazas que enfrenta la región.