El Valle del Cauca está en emergencia humanitaria. Así lo declaró la Gobernación del departamento ante el deterioro acelerado de los servicios de salud que afecta a los 40 municipios de la región. El responsable de este colapso es directo: las EPS deben cerca de siete billones de pesos a hospitales y clínicas públicas y privadas que no pueden sostenerse financieramente sin ese dinero.

Las consecuencias de esta deuda millonaria son tangibles y preocupantes. Alrededor de 2.000 servicios médicos han sido suspendidos, dejando a miles de pacientes sin la atención que necesitan. Los centros de salud se ven obligados a cerrar servicios por falta de recursos, y la situación se agrava porque la ocupación hospitalaria ha llegado a niveles cercanos al 220 por ciento de su capacidad instalada. Cuando un hospital está diseñado para X pacientes pero tiene el doble o más, el sistema simplemente colapsa.

A esto se suman problemas graves en el suministro de medicamentos y la reducción de oferta de atención en distintos centros asistenciales. Desde la Secretaría de Salud del departamento advirtieron que el acceso oportuno a tratamientos y procedimientos médicos está limitado, lo que podría agravar las condiciones de pacientes con enfermedades crónicas y agudas.

La gobernadora Dilian Francisca Toro fue clara: algunos hospitales han comenzado a restringir servicios e incluso presentan dificultades para atender nuevos usuarios por la falta de recursos financieros. Es decir, no es que no tengan camas o médicos disponibles, sino que no tienen dinero para funcionar.

Ante este panorama, la administración departamental anunció que acudirá a mecanismos judiciales para solicitar la intervención del Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y la Adres. Mientras se gestionan estas acciones, el Valle permanece en alerta amarilla y el departamento continúa monitoreando una situación que impacta directamente a millones de usuarios del sistema de salud en la región.