La senadora Paloma Valencia levantó la voz esta semana con una comunicación dirigida a las máximas autoridades internacionales: el secretario general de la ONU, el secretario de Estado de Estados Unidos y la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su carta expresa profundas preocupaciones sobre cómo la política de Paz total del gobierno Petro estaría afectando la seguridad del país y creando riesgos para el proceso electoral que se aproxima.

El núcleo del reclamo de Valencia gira alrededor de una decisión reciente: la suspensión de órdenes de captura contra 23 personas vinculadas a estructuras criminales en el área metropolitana de Medellín. Según la senadora, esta medida se tomó "a solicitud del Alto Comisionado para la Paz" en el marco de las negociaciones con grupos armados ilegales. Aunque reconoce que la Paz total buscaba abrir diálogos con organizaciones ilegales, Valencia asegura que "en la práctica ha permitido la expansión de estructuras criminales y terroristas en el país".

Para respaldar su posición, la senadora presenta cifras preocupantes. Según la comunicación que envió, en 2025 se registraron 698 secuestros, cifra que representa un incremento significativo comparada con años anteriores. Además, menciona niveles récord de extorsión en 2024 y 2025, así como un aumento notable en eventos catalogados como terroristas. Valencia también advierte sobre el crecimiento de cultivos de coca y la expansión territorial de grupos armados ilegales que, de acuerdo con su análisis, tendrían presencia en cerca de la mitad de los municipios del país.

Pero el cuestionamiento de Valencia no se detiene en lo meramente delictivo. La senadora también proyecta las consecuencias políticas de estas decisiones. Enfatiza que la suspensión de órdenes de captura "se produce a pocos meses de las elecciones presidenciales" y plantea que en territorios bajo influencia de grupos armados, el derecho al voto libre podría verse comprometido. En su carta menciona específicamente al senador Iván Cepeda como eventual candidato del oficialismo, señalando el riesgo de que estas dinámicas incidan en el apoyo electoral en zonas controladas por organizaciones ilegales.

Ante este escenario, Valencia hizo un llamado directo a la comunidad internacional para que "acompañe y supervise" el proceso electoral en Colombia. Advierte que el fortalecimiento de estos grupos y las decisiones adoptadas en la política de paz podrían tener "un efecto inmediato e indebido" en los resultados electorales.

Por ahora, el Gobierno no se ha pronunciado públicamente sobre esta comunicación de Valencia, ni tampoco lo ha hecho Iván Cepeda. Sin embargo, la polémica ha generado reacciones desde otros sectores políticos. Roy Barreras, por su parte, aseguró sin presentar pruebas que grupos armados buscarían votos para Cepeda o presionarían para inclinar la balanza a su favor.