La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia presentó este jueves una demanda ante el Consejo de Estado para echar atrás el Decreto 415 de 2026, mediante el cual el Gobierno ordena a los fondos privados transferir a Colpensiones aproximadamente 25 billones de pesos que corresponden al ahorro de 119 mil trabajadores que decidieron trasladarse a la empresa estatal.

Para entender qué está pasando, imagínese esto: usted trabajó dos décadas ahorrando dinero en una cuenta de un fondo privado para su pensión. Hace poco se cambió a Colpensiones porque la reforma pensional lo permitía. Pero la ley también establecía que su plata seguiría guardada en el fondo privado, creciendo, hasta el día en que usted se jubilara. Solo entonces ese dinero pasaría a Colpensiones para pagarle sus mesadas. El decreto que Valencia cuestiona cambia completamente esa regla: le ordena a los fondos privados entregar el dinero ahora mismo, sin esperar a que los trabajadores cumplan los requisitos para jubilarse. Para dimensionar la cifra, esos 25 billones equivalen a aproximadamente la mitad del presupuesto anual de salud del país.

Valencia fue contundente en sus críticas. Según escribió en redes sociales: "La Reforma Pensional dispuso que los Fondos de Pensiones deben seguir administrando esos recursos hasta que cada persona cumpla los requisitos para jubilarse. En ningún momento el Congreso contempló un giro automático de recursos a Colpensiones". Luego añadió: "Esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos. Quieren tomar $25 billones en plenas elecciones".

En su demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Valencia pidió dos cosas específicas: que el tribunal suspenda el decreto urgentemente mientras analiza el caso, y que posteriormente lo declare nulo. El decreto da a los fondos privados entre 15 y 30 días para hacer la transferencia, lo que genera presión: si el dinero se transfiere antes de que el tribunal resuelva, los 25 billones ya estarían en Colpensiones cuando llegue la sentencia.

Valencia no está sola en su inconformidad. Asofondos, que agrupa a los cuatro fondos privados del país (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia), también presentará acciones ante el Consejo de Estado. Su presidente, Andrés Velasco, aseguró que el decreto "contradice una ley que hoy está vigente porque la Corte Constitucional no la suspendió" y advirtió que analizan cómo proteger los ahorros de los afiliados. Santiago García, directivo de Skandia, manifestó que "sorprende que una orden forzada de trasladar 25 billones se haya dado sin analizar el impacto" y recordó que "estos fondos pertenecen exclusivamente a los trabajadores, amparados por la Constitución".

Antes de expedirse el decreto, tanto el Banco de la República como la Contraloría General expresaron sus reparos. El Banco central advirtió que el traslado anticipado "podría no tener sustento jurídico" y que vender esos activos de un golpe en el mercado podría afectar las tasas de interés del país. La Contraloría, por su parte, consideró que la operación era inviable. El Gobierno justifica la medida argumentando que Colpensiones está pagando pensiones a personas provenientes de los fondos privados sin haber recibido aún sus ahorros. Según el propio decreto, la nómina de Colpensiones creció de 47,2 billones de pesos en 2023 a 55,5 billones en 2024, de los cuales 15,3 billones corresponden a pensionados que migraron desde los fondos privados.

El presidente Gustavo Petro defendió la medida en redes sociales, señalando que los traslados "se vienen realizando desde antes de este gobierno" y que las personas se cambian a Colpensiones "porque adquieren mejores condiciones de pensión". El Ministerio de Hacienda, que firmó el decreto, indicó que continuaría "cumplidos los procedimientos legales y estudiadas las observaciones".

Ahora el Consejo de Estado tiene en sus manos una decisión crucial: si suspende el decreto mientras estudia la demanda. Si no lo hace a tiempo y los fondos transfieren el dinero, el debate legal cambiaría de naturaleza: ya no sería evitar la transferencia, sino definir si esos 25 billones podrían devolverse. Mientras tanto, la Corte Constitucional aún debe pronunciarse sobre la validez completa de la Reforma Pensional, que fue devuelta al Congreso en 2025 por irregularidades en su aprobación, aunque sin cuestionar el artículo que está al centro de esta disputa.