Mientras la mayoría de campañas presidenciales colocan el tema de la salud en el centro de sus propuestas, la dupla Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo sacó a la luz uno de sus planes para atacar directamente lo que consideran una emergencia sanitaria del país. Presentaron una inyección de 9 billones de pesos destinada a resolver el acceso a medicamentos, pero lo más importante fue el anuncio de quién llevaría las riendas de esa batalla durante los primeros cien días de un eventual gobierno suyo.

Valencia, senadora del Centro Democrático, no dudó en señalar la gravedad de lo que ve como una crisis humanitaria. "La crisis de la salud no solamente tiene como víctima a Kevin Acosta, sino a miles de niños y a miles de familias (que están) hoy en las filas de la muerte o en despachados a la casa a que se muera", expresó en un video que compartió su campaña. Para ella, esta situación requiere atención inmediata y contundente.

El encargado de coordinar ese plan de emergencia sería Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Valencia lo describió como "un hombre inteligente, honesto, con método, con disciplina y con la forma para resolver los problemas que hoy los colombianos necesitan que se resuelvan". Oviedo tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse en Francia.

El candidato a la vicepresidencia asumió el reto enfatizando el tamaño del desafío: "desatrasar 10 millones de atenciones represadas, medicamentos que no se han integrado y tratamientos que no se han hecho en los primeros días". También promete atacar lo que llama el "problema de corrupción de los recursos de la salud", asegurando que "cada peso que invirtamos en el sector salud se convierta en bienestar".

Los datos respaldan la preocupación de los candidatos. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, la salud es uno de los temas que más inquietan a los colombianos. En el más reciente reporte, aunque el 81,9 por ciento de los afiliados considera que la calidad es buena o muy buena, ese porcentaje bajó 2,9 puntos comparado con 2024, cuando llegaba al 84,7 por ciento. Es decir, cada vez hay menos satisfacción con el sistema, aunque la mayoría aún lo evalúa de forma positiva.