Paloma Valencia fue claro en sus condiciones para ampliar su base política: está dispuesta a recibir a personas que alguna vez apoyaron al presidente Petro, pero con una línea roja infranqueable. "Petristas arrepentidos o no arrepentidos serán bienvenidos en mi campaña, no recibiremos a quienes tengan las manos manchadas de sangre", expresó la candidata en entrevista con La FM. También planteó una exigencia política sobre su futuro legislativo: renunciaría al Congreso si el senador Cepeda no hace lo mismo y tampoco participa en debates públicos para explicar, según su criterio, decisiones cuestionables del Gobierno en materia judicial y de seguridad.

Las denuncias sobre presión electoral fueron el otro eje de su intervención. Valencia afirmó haber recibido reportes de grupos armados coaccionando votantes en varias regiones. En el Cauca específicamente mencionó testimonios donde "ya les están diciendo que tienen que votar por Zepeda" con verificación posterior de los resultados. Relató también el caso de un exdiputado asesinado, al que describió como torturado "para que la gente reciba el mensaje". En municipios como Patía, El Tambo y Cajibío, según su relato, ciudadanos le pidieron no enviar publicidad electoral porque "nos van a matar a todos si nos ven con la publicidad". Extendió estas denuncias a Caquetá, Huila y Nariño, donde mencionó que alcaldes estarían siendo extorsionados con porcentajes de sus presupuestos. En las grandes ciudades percibe un contexto distinto: ciudadanía nerviosa por el crimen pero sin la intimidación generalizada que describe en zonas rurales.

En el terreno económico, Valencia rechaza el modelo fiscal del Gobierno. Propone todo lo opuesto: "lo que tiene que hacer Colombia es bajar los impuestos" para mejorar competitividad y atraer inversión extranjera. Confía en que el sector privado sea el motor de crecimiento y busca "crear el orgullo de producir" mientras reduce la dependencia de economías ilegales. Junto a esto, plantea una reducción drástica del Estado: pasar de ministerios actuales a entre 11 y 12, además de disminuir entre 30 y 40 por ciento las entidades del nivel central. Propone también un Estado digital que mejore eficiencia administrativa.

Sobre el sistema de salud, concentró críticas en la Nueva EPS. Propone una "auditoría forense" que establezca el real estado de sus finanzas, pues advierte que la entidad podría tener deudas significativas acumuladas. Advirtió que si la Nueva EPS se liquida, "el sistema se revienta todo" porque concentra obligaciones con hospitales en distintas regiones. Por eso planteó la necesidad de un plan de saneamiento e insistió en revisar deudas relacionadas con la UPC y presupuestos máximos.

Finalmente, Valencia se reafirmó en su identidad política. "Yo soy uribista, orgullosamente uribista", afirmó, revindicando una trayectoria que describe como consistente. Sin embargo, busca construir una coalición política amplia bajo su liderazgo, siempre que los candidatos aliados no tengan antecedentes de corrupción o violencia. De cara a un posible escenario de segunda vuelta, expresó que su estrategia es mantener la unidad entre sectores afines y evitar confrontaciones internas para consolidar un proyecto con mayorías electorales.