La disputa legal entre Urrá S.A. y uno de sus exfuncionarios sigue generando movimientos en los juzgados. La empresa salió al paso esta semana para aclarar por qué decidió impugnar la decisión de primera instancia que le ordenaba reintegrar a Eric José Guerra Pereira de manera provisional. A través de su secretario general, Emiro Manrique Romero, la compañía dejó claro que sus acciones responden al ejercicio normal de defensa y no constituyen un desacato a las autoridades judiciales.

Aunque Urrá dice respetar las decisiones de los jueces, consideró necesario cuestionar la competencia de quien conoció el caso. Según argumentó la empresa, la acción de tutela debió haber sido estudiada por un juez de una categoría diferente a la que finalmente la tramitó. Por eso interpuso una impugnación y solicitó la nulidad del fallo, confiando en que los mecanismos legales disponibles les permitan que se analice correctamente en segunda instancia.

En su defensa, Urrá agregó dos argumentos más. Primero, que la tutela incumplió con el requisito de subsidiariedad, es decir, que el exfuncionario habría dejado sin explotar otros caminos legales antes de recurrir a la protección constitucional. Segundo, que la controversia es fundamentalmente contractual y patrimonial, no un asunto donde estén en juego poderes de castigo del Estado. Por eso, a juicio de la empresa, el amparo constitucional no sería el camino adecuado.

La jugada de Urrá llegó después de que Guerra Pereira presentara un incidente de desacato, argumentando que no se cumplió la orden de reintegro que había ganado en primer grado. Ahora la justicia tendrá que resolver todos estos recursos que van y vienen, mientras el futuro laboral de este exfuncionario sigue en suspenso.