Los daños que dejaron las inundaciones en Córdoba van mucho más allá de lo que se ve a primera vista. Miles de familias perdieron sus viviendas, sus negocios se fueron bajo el agua y los cultivos quedaron destruidos. Pero detrás de esa tragedia humanitaria asomó una pregunta que no deja tranquilo a nadie en la región: ¿quién realmente controla las decisiones en la hidroeléctrica Urrá?

Los números hablan por sí solos. Según informes oficiales, el Ministerio de Hacienda tiene en su poder más del 99 por ciento de las acciones de Urrá S.A. E.S.P. Esto significa que la empresa prácticamente pertenece al Gobierno Nacional y que cualquier decisión sobre cómo manejar el nivel del embalse, cuándo soltar agua o cuándo retenerla, pasa por las manos del Ejecutivo. No hay vuelta que darle: eso es control total.

Lo preocupante es lo que venía pasando bajo esa supervisión. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales lleva desde 2020 lanzando advertencias. Seis conceptos técnicos consecutivos señalaron que la hidroeléctrica estaba incumpliendo la Curva Guía Máxima, que es básicamente el nivel de agua que garantiza que el embalse pueda responder si hay crecientes. Durante 2025, esos sobrepasos ocurrieron cerca del 30 por ciento del tiempo que fue evaluado. Eso no es un accidente aislado: es un patrón que apunta a decisiones operativas problemáticas dentro de la empresa. Ahora hay un proceso sancionatorio en marcha.

Mientras esto sucedía, la empresa vivió cambios administrativos cuestionados. Juan Carlos Acevedo Rocha salió de la presidencia en medio de críticas, y hoy está Enrique Kerguelén Méndez como presidente encargado, asumiendo el cargo en el momento más delicado para la credibilidad institucional.

Desde la gobernación, Erasmo Zuleta Bechara ha sido claro: el control de Urrá es responsabilidad del Gobierno Nacional, no de las regiones. Pero esa claridad no calma a los damnificados. Las comunidades ribereñas siguen reclamando por las alertas que nunca llegaron a tiempo, por los millones en pérdidas de cultivos y por los pequeños empresarios que se quedaron sin nada.

Lo que comenzó como un debate técnico sobre cómo opera una represa ahora es una cuestión política que demanda respuestas contundentes. En Córdoba la duda persiste: ¿la tragedia fue un golpe de la naturaleza o el resultado de decisiones que pudieron haberse tomado de otra manera?