Miguel Uribe Londoño prepara un movimiento legal internacional. El padre del asesinado político anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar protección urgente a los fiscales e investigadores que trabajan en el esclarecimiento del crimen de su hijo, Miguel Uribe Turbay. Esta decisión llega después de que la Fiscalía emitiera avisos de riesgo sobre las amenazas que enfrentarían quienes investigan el caso.

Uribe Londoño tiene dos objetivos claros ante la CIDH. Primero, informar sobre las amenazas contra los investigadores y fiscales. Segundo, solicitar medidas cautelares que permitan "proteger su vida, su integridad personal y garantizar el normal desarrollo de la administración de justicia". El padre del asesinado denunció públicamente que "el gobierno de Petro le negó la protección a mi hijo Miguel, a pesar del riesgo de seguridad que él les dijo que tenía; él sabía que lo podían matar porque había sido muy crítico con la paz total criminal de Petro". Además, aseguró que existe "una amenaza real e inminente contra quienes están investigando y esclareciendo la verdad" y calificó el caso como "un crimen de lesa humanidad".

Sergio Morales, coordinador académico de la Facultad de Estudios Políticos, Jurídicos e Internacionales de la Universidad de la Sabana, explicó a EL COLOMBIANO que esta estrategia es diferente a buscar una condena estatal. "La muerte abre un debate sobre la responsabilidad del Estado y una eventual reparación, en cambio la solicitud ante la CIDH tiene un objetivo distinto: pedir protección para evitar nuevos ataques". El académico aclaró que el mecanismo activado sería el de medidas cautelares del artículo 25 del reglamento de la Comisión, que permite al Estado tomar acciones de protección cuando existe una situación grave, urgente y con riesgo irreparable. Esto es importante: llevar un caso a la CIDH no es lo mismo que llevarlo a la Corte Interamericana. Mientras la Comisión emite solicitudes y recomendaciones, la Corte dicta sentencias y medidas provisionales en emergencias.

El proceso tiene sus tiempos. Morales señaló que "las medidas cautelares tienden a ser rápidas" y deberían resolverse en días o semanas según la urgencia. Sin embargo, otro experto consultado por EL COLOMBIANO indicó que en las condiciones actuales de la CIDH, el procedimiento completo puede extenderse entre seis meses y un año. Lo que sucedería es que se daría traslado de la solicitud al Estado, quien podrá hacer sus observaciones, la Comisión puede pedir información adicional y después tomará una decisión. Si se conceden las medidas, vendría una etapa de seguimiento para verificar qué acciones tomó el Gobierno y si son suficientes. Las recomendaciones estarían enfocadas en la protección de los fiscales e investigadores, con énfasis en asegurar que la investigación penal pueda avanzar sin obstáculos.