El expresidente Álvaro Uribe Vélez no se quedó callado ante la decisión de la Fiscalía de citarlo a indagatoria el próximo 24 de julio. En una declaración contundente, rechazó la fijación de esta fecha argumentando que carece de garantías y que constituye un "atropello" en toda regla. Según Uribe, el ente acusador tomó la decisión sin haber revisado siquiera los elementos probatorios que la misma entidad había ordenado recopilar en un primer momento.

La investigación que lo señala está siendo adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se concentra en la presunta participación de Uribe en los crímenes cometidos durante las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, hechos que ocurrieron cuando él desempeñaba el cargo de gobernador de Antioquia. El tema salió a la luz pública apenas tres días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Desde su entorno cercano no tardaron en llegar expresiones de apoyo. El gobernador actual de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ratificó su respaldo tanto institucional como ideológico al exjefe de Estado, dejando claro que su posición obedece a principios de coherencia política. Rendón afirmó que defenderá los valores de seguridad y desarrollo social que caracterizan al movimiento uribista, señalando que Uribe orientó al país en momentos particularmente difíciles.

El expresidente fue más allá en sus críticas. Comparó el accionar de la Fiscalía actual con decisiones judiciales de su pasado y acusó que existe una intención deliberada de privarlo de la libertad antes de que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con tono firme, aseveró: "Esta Fiscalía ha complacido al gobierno dándole impunidad a cuanto bandido hay y entonces toma revancha política conmigo, llevándome a una indagatoria sin pruebas, sin méritos, todo para buscar ponerme preso antes de que Petro termine".