El expresidente Álvaro Uribe anunció a través de sus redes sociales que fue llamado a indagatoria por la Fiscalía Tercera. El llamado lo obligará a declarar sobre eventos que ocurrieron hace tres décadas en Antioquia, específicamente sobre las masacres de El Aro y La Granja que tuvieron lugar en Ituango entre 1996 y 1997, perpetradas por grupos paramilitares. El timing del llamado ha generado polémica: ocurre apenas tres días antes de que los colombianos vayan a las urnas a elegir sucesor del presidente Gustavo Petro.

Además de las masacres, Uribe deberá responder por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien fue ejecutado el 27 de febrero de 1998 en Medellín. La Corte Suprema de Justicia calificó este crimen como un delito de lesa humanidad en 2018.

Frente a esta situación, el expresidente no perdió tiempo en cuestionar los motivos detrás de la decisión fiscal. Según Uribe, "La señora Fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme". Calificó la medida como una "injusticia de clara presión política".

Lo que molesta al exmandatario es que la fiscal lo cita a indagatoria sin haber antes escuchado su versión de los hechos. En el contexto procesal, ser llamado a indagatoria representa una vinculación formal al proceso, lo que obliga al investigado a ejercer su derecho a la defensa. Uribe argumenta que este procedimiento se asemeja a prácticas del antiguo sistema penal colombiano.

Las investigaciones contra Uribe no se basan en que él hubiera ordenado directamente las masacres, sino en una presunta omisión o negligencia durante su mandato como gobernador de Antioquia. El Tribunal Superior de Antioquia ha pedido a las altas cortes que investiguen si hubo una inactividad deliberada de la Fuerza Pública y de la Gobernación ante estos hechos.

Estos casos han estado bajo escrutinio durante décadas. Cuando Uribe renunció al Senado en 2020, los expedientes de estas masacres fueron trasladados a la Fiscalía después de que la Corte Suprema perdiera competencia para investigarlos. El mismo expresidente pidió rendir una versión libre ante la Fiscalía el 27 de noviembre de 2023, diligencia que solicitó por iniciativa propia.

El llamado a indagatoria llega pocas semanas después de que la Corte Suprema ratificara la condena contra Santiago Uribe, hermano del expresidente, por sus vínculos con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.