El debate sobre la seguridad de los candidatos se intensificó en el país después de que Álvaro Uribe lanzara una nueva alerta sobre un posible atentado contra Paloma Valencia. El expresidente aseguró que posee información de fuentes que revelan un supuesto plan para ejecutar un ataque contra la aspirante presidencial, con la participación de integrantes del grupo armado ELN.

Según lo que manifestó Uribe, dos cabecillas del ELN serían los responsables directos de este presunto plan. En sus declaraciones públicas, el exmandatario también mencionó que dentro de esa organización existirían órdenes para tratar de influir en el resultado electoral, incluso señalando un posible respaldo hacia la candidatura de Iván Cepeda. Estas afirmaciones se dan en un momento de tensión política considerable y movimientos importantes en las encuestas de intención de voto.

El pronunciamiento se suma a una serie de alertas recientes sobre la seguridad de figuras públicas durante el proceso electoral. Incluso desde espacios internacionales se han expresado inquietudes sobre los riesgos que podrían enfrentar algunos candidatos en el país.

Sin embargo, hasta este momento las autoridades no han confirmado de manera oficial si existe un plan concreto ni han presentado un reporte detallado sobre estas denuncias. A pesar de ello, el llamado para fortalecer las medidas de protección de los aspirantes presidenciales vuelve a sonar con fuerza en diferentes sectores del país.

El tema se desarrolla en un ambiente político caracterizado por señalamientos entre diferentes actores y preocupaciones genuinas sobre cómo garantizar seguridad durante la contienda electoral. Estos hechos han motivado que distintos sectores pidan garantías claras para que las elecciones transcurran sin riesgos para los candidatos y la institucionalidad.