Faltando poco para que los colombianos vayan a votar por su próximo presidente, Álvaro Uribe decidió dirigirse directamente a los grupos armados ilegales para burlarse de uno de sus contrincantes políticos. Desde Segovia, el exmandatario y líder del Centro Democrático soltó una advertencia que sonó más como una amenaza velada. "Aquí en Segovia, un mensaje al ELN, a la Farc, a las autodefensas gaitanistas, al Clan del Golfo. No se confíen de Cepeda", expresó Uribe. Y para dejar clara su posición, agregó: "Apenas sienta un apretón de Estados Unidos, los entrega".

Con esta frase, Uribe sugiere que Iván Cepeda, uno de los principales defensores de los diálogos con grupos ilegales, traicionaría sus promesas si enfrenta presión de Washington. Según el exjefe de Estado, una posible intervención de Donald Trump haría que Cepeda entregue a los cabecillas de estas organizaciones, aunque actualmente cuentan con suspensión de órdenes de captura por ser considerados gestores de paz. Para reforzar su argumento, Uribe metió a otros países en la conversación: "Ellos saben de la traición, como en Cuba y en Venezuela".

El ataque de Uribe ocurre en medio de una carrera electoral donde varios candidatos han tomado posiciones claras contra la política de paz total del gobierno Petro. Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Claudia López han declarado que, de llegar a la presidencia, terminarían con estos diálogos con grupos criminales.

Por su parte, Cepeda ha defendido la continuidad de las conversaciones como un "deber constitucional". El senador petrista mantiene que debe haber negociaciones con organizaciones como el ELN, Clan del Golfo y bandas criminales, pero bajo condiciones claras: que no sean indefinidas y que generen resultados concretos para reducir la violencia. Respecto a las disidencias de las Farc, Cepeda ha sido más cauteloso y solo ha prometido hacer cumplir lo pactado en el acuerdo de paz de 2016.

Lo cierto es que la política de paz total ha traído cambios significativos en la justicia penal. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, durante la administración Petro se han suspendido órdenes de captura contra 205 representantes y voceros de diferentes grupos armados como parte de estos procesos de negociación. El debate sobre si esto representa un avance o un retroceso en materia de seguridad sigue siendo uno de los temas más calientes de la campaña electoral.