A pocos días de las elecciones presidenciales, la tensión política escaló cuando el expresidente Álvaro Uribe acusó públicamente a estructuras del ELN y disidencias de las Farc de obligar a comunidades rurales del Cauca a votar por el candidato presidencial Iván Cepeda. A través de redes sociales, Uribe informó haber recibido reportes de municipios en el norte y sur de la región, donde supuestamente hombres armados estarían condicionando el voto de campesinos y habitantes de zonas apartadas. "El ELN y la columna Jaime Patiño de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda", afirmó el exmandatario. Uribe también señaló el involucramiento de otras estructuras como Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, consideradas entre las facciones más poderosas del grupo disidente. Los señalamientos apuntan principalmente a municipios como Santander de Quilichao, en veredas como Vilachí, La Chapa y Tres Quebradas.

La respuesta de Cepeda no se hizo esperar. El candidato rechazó duramente los señalamientos durante la noche, argumentando que "es un despropósito decir que quien gane las elecciones en Colombia lo hará por presión de grupos armados sobre el electorado". Sobre Uribe, Cepeda fue más directo: dijo que el expresidente "en todo él miente y desfigura la realidad". Pero la posición del candidato no es nueva. Hace pocos días, el 5 de mayo, Cepeda mismo y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, habían alertado sobre presuntas intimidaciones de grupos ilegales dirigidas a votantes en varias regiones del país. La información llegó a través de organizaciones sociales, autoridades locales y reportes de la Defensoría del Pueblo, y advertía sobre intentos de actores armados por orientar el voto.

En ese momento, Cepeda fue claro al respecto. "Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presión al votante, incluidas aquellas que supuestamente se hagan a mi favor mediante amenazas, veladas o explícitas", manifestó. También dejó constancia de que ni su campaña ni el Pacto Histórico respaldan restricciones contra otras fuerzas políticas en territorios donde hay presencia de grupos armados. Esta postura se enmarque en una estrategia más amplia del candidato, quien durante años ha enfrentado acusaciones de vínculos con guerrillas, especialmente con las Farc, algo que ha negado consistentemente.

Cepeda ha tenido que lidiar con críticas recurrentes. Su nombre apareció en correos del fallecido comandante Raúl Reyes, encontrados en computadores incautados, aunque el candidato siempre ha rechazado cualquier vínculo con las Farc. Ya en febrero, la revista la Silla Vacía publicó fotografías de un evento en Tumaco donde Cepeda estaba presente junto a personas que portaban camisetas de una disidencia en conversaciones de paz con el Gobierno. Cepeda aseguró que su campaña no tenía conocimiento de esa presencia y que informó inmediatamente a la Policía.

Como candidato oficialista, Cepeda también ha tenido que manejar situaciones de funcionarios públicos haciendo campaña a su favor, algo que ha rechazado públicamente. Esta semana se reveló que la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, estaba promoviendo su candidatura, algo que Cepeda cortó de raíz: "Ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político". Un caso similar ocurrió en abril cuando el viceministro de Transformación Digital, Giovanny López, fue visto coordinando apoyo a su campaña en grupos internos del ministerio. Cepeda nuevamente rechazó esas acciones y reiteró que los funcionarios públicos no deben participar en política partidista.