En Medellín crece la preocupación entre autoridades locales por la negativa de la Unidad Nacional de Protección a descentralizar un comité de evaluación de protección en la ciudad. La solicitud había sido elevada ante la Procuraduría y la UNP por concejales, el alcalde y funcionarios de seguridad que denuncian estar bajo amenaza constante por parte de organizaciones criminales que operan en la región.

Desde la secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín se buscaba que el análisis de riesgo se realizara desde el territorio, considerando las particularidades de Antioquia, en lugar de hacerlo únicamente desde Bogotá. Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos, expresó su inconformidad ante el rechazo: "Lastimosamente nuevamente la UNP rechaza esta solicitud. Ponemos en consideración del señor presidente y hacemos responsable lo que pueda pasar a los concejales debido primero la coyuntura política, pero también a las denuncias tan fuertes que han hecho contra la mesa de trabajo que hay en Itagüí, lo cual ha habido amenazas constantes".

Sin embargo, la concejal Claudia Carrasquilla aclaró que la ley establece limitaciones para crear comités descentralizados de este tipo en Medellín. Según ella, "Eso hace imposible que en Medellín se pueda establecer un comité de evaluación y por eso es que ante la solicitud que se ha hecho por parte del alcalde de la ciudad de Medellín, pues ha habido la negativa". Carrasquilla reconoció que la situación de seguridad que viven los funcionarios locales es preocupante.

El concejal Andrés Tobón cuestionó directamente la decisión de la UNP, argumentando que las decisiones tomadas desde el nivel central no están alineadas con la realidad que enfrentan quienes denuncian al crimen organizado en Medellín. Para los funcionarios locales, esto representa un obstáculo adicional en su batalla contra las amenazas que enfrentan diariamente.