La tensión entre los funcionarios del Gobierno nacional se intensificó después de que la Unidad Nacional de Protección respondiera directamente a las acusaciones de Angie Rodríguez sobre falta de seguridad. La gerente del Fondo de Adaptación ha denunciado públicamente que teme por su vida y la de su familia, mientras que la UNP sostiene que la funcionaria cuenta con todas las medidas necesarias para su protección.

Rodríguez ha manifestado en varias entrevistas que está siendo víctima de espionaje, amenazas y presiones en el seno del Gobierno. Según ella, existe una red de poder enfocada en manipular recursos públicos antes de que termine la administración actual, y ha señalado directamente a varios funcionarios, incluidos José Raúl Moreno, el director de la UNGRD Carlos Carrillo, y Juliana Guerrero. En sus declaraciones, la funcionaria hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro: "Presidente, proteja mi vida (...) usted es el único que puede parar esto".

Sin embargo, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, rebatió estas afirmaciones. Explicó que desde el 23 de enero, cuando Rodríguez asumió su cargo, la entidad le asignó un esquema de seguridad en un plazo de cinco días. Este incluye vehículo blindado, escolta, chaleco antibalas y apoyo logístico para sus desplazamientos, además de atención psicológica y líneas de emergencia. "No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida", enfatizó el director.

La UNP también señaló que existe un acta firmada por la propia Rodríguez en la que acepta las medidas otorgadas. El organismo aclaró que los esquemas de protección se asignan conforme a evaluaciones técnicas de riesgo y no por decisiones discrecionales, y que el nivel de seguridad es equiparable al que reciben altos funcionarios del Gobierno, incluyendo ministros. Además, confirmó que la funcionaria cuenta con cobertura de seguridad incluso durante sus viajes.

Estas respuestas del aparato de seguridad no han cerrado el debate. Las denuncias de Rodríguez han generado nuevas tensiones dentro de la administración y mantienen la presión sobre las autoridades para que esclarezcan sus acusaciones, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre el manejo del poder, la seguridad institucional y la transparencia en el manejo de recursos públicos.