La Unidad Nacional de Protección salió al paso de las acusaciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien había señalado que se encontraba sin protección mientras formulaba denuncias contra varios funcionarios del Gobierno. El director de la entidad, Augusto Rodríguez, fue directo al refutarla: "No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida".

Según explicó Rodríguez, Angie Rodríguez asumió su cargo en el Fondo Adaptación el 23 de enero, mismo día en que concluyó sus funciones en el DAPRE. La UNP recibió su solicitud formal de protección junto con las justificaciones necesarias, y apenas cinco días después, mediante un trámite de emergencia, le otorgaron un esquema de seguridad. El documento de aceptación de esas medidas, firmado el 3 de febrero por la propia funcionaria, prueba la rapidez de la gestión.

El esquema asignado corresponde a un nivel alto de seguridad individual e incluye vehículo blindado, escolta y chaleco antibalas, además de un enfoque diferencial de género. Durante la implementación también se ofrecieron medidas complementarias como atención psicológica, acceso a la línea de emergencia 103 y recomendaciones de autocuidado. No obstante, Angie Rodríguez declinó algunos de estos apoyos porque manifestó contar con protección adicional de la Policía.

El funcionario también mencionó que existe un servicio adicional para desplazamientos en territorio con un costo de 1,4 millones de pesos diarios, financiado mediante un convenio entre la UNP y el Fondo de Adaptación por 250 millones de pesos. "Ni siquiera el Congreso de la República contrata estos servicios adicionales para desplazamientos en las regiones", afirmó.

En un punto que llamó especialmente la atención, el director de la UNP señaló una contradicción en las declaraciones de Rodríguez. Resulta que fue ella misma quien solicitó desde el DAPRE la protección para Juliana Guerrero, sustentada en información que, según aseguró entonces, evidenciaba riesgos que ameritaban seguridad. Actualmente se adelanta una reevaluación del nivel de riesgo de Guerrero debido a cambios en su situación.

La entidad aclaró finalmente que la asignación de esquemas de protección no responde a decisiones discrecionales, sino a evaluaciones técnicas realizadas por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, el CERREM, que es quien determina realmente cuál protección se necesita en cada caso.