Briceño vive días de máxima tensión. El municipio norteño de Antioquia se debate entre la presencia del clan del Golfo y los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, que se disputan el control de varias veredas estratégicas para sus operaciones. La violencia es tan compleja que en las últimas semanas el Ejército Nacional ha desactivado alrededor de diez artefactos explosivos instalados por estas estructuras en territorio rural.

Pero esta semana la situación escaló a un nivel crítico. A través de un panfleto de tres páginas, el frente 36 de las disidencias declaró al alcalde Noé de Jesús Espinosa como objetivo militar. El grupo lo acusa de poner el municipio al servicio del clan del Golfo. En el documento escrito se lee: "Señalamos a este personaje como organizador, auspiciador y cómplice de la estructuras criminales que hoy azotan nuestro territorio. Bajo su administración, la institucionalidad municipal se ha puesto al servicio del 'clan del Golfo': libre tránsito de sicarios, cooptación de juntas de acción comunal, persecución sistemática de quienes resisten, entrega de obras públicas a contratistas vinculados con el paramilitarismo".

Espinosa respondió categóricamente rechazando los señalamientos. "En mi calidad de Alcalde Municipal de Briceño, elegido democráticamente por el pueblo briceñita, y en ejercicio de las funciones constitucionales y legales que me han sido conferidas, me permito dirigirme a la comunidad y a la opinión pública en general para rechazar de manera categórica y contundente las graves acusaciones contenidas en un panfleto que circula en redes sociales, firmado por estructuras armadas ilegales", escribió. Además afirmó: "Las afirmaciones allí consignadas, en las que se pretende vincular mi nombre con organizaciones al margen de la ley y atribuirme conductas delictivas, son absolutamente falsas, carecen de sustento probatorio constituyen un ataque directo contra la institucionalidad democrática".

El alcalde solicitó inmediatamente a la UNP reforzar su esquema de seguridad dado el nivel de amenaza. También pidió a la Fiscalía una investigación formal sobre el origen del panfleto y su propia actuación como servidor público. El gobernador Andrés Julián Rendón, por su parte, pidió al Gobierno Nacional intervenir en Briceño de cara a las elecciones regionales próximas.

La respuesta de la UNP, sin embargo, sorprendió a propios y extraños. Según la Resolución 005175, el director general de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, asignó al mandatario amenazado un vehículo convencional y un chaleco blindado. Es decir, medidas mínimas considerando que días antes el frente 36 lo había declarado públicamente como objetivo militar.

Esto ocurre en un contexto donde la seguridad del alcalde ya había sido evaluada. En 2025 se le había ratificado una persona de protección y un chaleco blindado. En enero de este año, tras solicitud extraordinaria, se modificó su esquema de un tipo A (un hombre de protección) a tipo B (dos hombres de protección), mientras se reevaluaba su nivel de riesgo. Ahora, con una amenaza directa de un grupo armado, la UNP optó por lo que muchos consideran insuficiente: solo vehículo y chaleco.

La UNP copió la resolución a la Fiscalía General de la Nación con instrucciones de impulsar investigaciones y coordinar acciones para desmantelar las estructuras criminales que amenacen la seguridad en el territorio. El coordinador de la UNP en Antioquia no respondió las consultas sobre las medidas adoptadas en el caso del alcalde de Briceño.