Uno de cada cinco adolescentes en Colombia sufre abuso sexual digital, revela estudio internacional

Un estudio de Unicef, Ecpat International e Interpol encontró que aproximadamente 860.000 menores colombianos entre 12 y 17 años reportaron haber sufrido explotación o abuso sexual facilitado por tecnología. Las niñas resultan más afectadas que los niños, y la mayoría de los casos ocurre en redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram. El problema es aún más grave en zonas rurales, y una de cada tres víctimas no denuncia lo sucedido por miedo, vergüenza o desconfianza en las instituciones.
Un panorama preocupante emerge de una investigación internacional presentada por Unicef, Ecpat International e Interpol: en Colombia, el 21 por ciento de los adolescentes entre 12 y 17 años, es decir alrededor de 860.000 menores, ha sufrido alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por medios digitales. El estudio, denominado Disrupting Harm en Colombia, se basó en encuestas a 999 adolescentes y sus familias, revelando dimensiones del problema que van más allá de lo que comúnmente se percibe.
Las cifras muestran patrones claros de vulnerabilidad. Camila Perera Aladro, especialista de investigación de Unicef, explicó durante una presentación que "el 25% de las niñas vivió este tipo de abuso, frente al 17% de los niños". Las diferencias también son territoriales: en zonas rurales la incidencia alcanza el 29 por ciento, comparado con el 17 por ciento en áreas urbanas. La especialista también señaló que los perpetradores aprovechan situaciones de vulnerabilidad familiar, buscando menores que viven en entornos con violencia o negligencia.
Las manifestaciones de este abuso digital son variadas. El informe identificó que el 15 por ciento de las víctimas recibió imágenes sexuales no deseadas, el 6 por ciento fue ofrecido dinero o regalos a cambio de contenido íntimo, y el 5 por ciento experimentó presión para compartir imágenes o videos sexuales. También se registran casos de sextorsión (extorsión mediante contenido sexual), amenazas y generación de contenido sexual artificial usando inteligencia artificial. Factores como la pobreza, la desigualdad de género y la inseguridad económica aumentan la vulnerabilidad de estos menores.
Contrario a creencias comunes, la mayoría de los agresores no son desconocidos. El 50 por ciento de quienes cometen estos abusos son personas que las víctimas conocen: el 22 por ciento son familiares, el 14 por ciento parejas o intereses románticos, otro 14 por ciento amistades, y solo el 21 por ciento son desconocidos. Cerca de la mitad de los casos ocurre en redes sociales, siendo Facebook la plataforma más utilizada, seguida de WhatsApp e Instagram. El 14 por ciento de los casos se presenta en plataformas de videojuegos.
El silencio que rodea esta problemática es alarmante. El 34 por ciento de las víctimas no contó a nadie lo que le sucedió, lo que significa que uno de cada tres casos no recibe apoyo ni llega a la justicia. Entre quienes sí hablaron, el 17 por ciento se lo reveló a un amigo y el 15 por ciento a un cuidador, pero rara vez acudieron a instituciones del Estado. El desconocimiento de rutas de atención, la vergüenza, el miedo al estigma y la desconfianza en las instituciones se cuentan entre las principales barreras para denunciar.
Las consecuencias en la salud mental de las víctimas son profundas: problemas de autoestima, autolesiones, ideación suicida y diversos trastornos psicológicos. Muchas víctimas además experimentan culpabilización, sintiendo vergüenza o creyendo que participaron voluntariamente en lo ocurrido. Fabio González Flórez, líder de Proyectos en ECPAT International, enfatizó que "la industria debe asumir plenamente su rol en la protección de niños, niñas y adolescentes, al igual que el gobierno en la rendición de cuentas".
Para enfrentar esta crisis, el estudio propone fortalecer sistemas de protección infantil, actualizar la legislación, mejorar mecanismos de denuncia e incorporar medidas de seguridad desde el diseño de las plataformas digitales. En Colombia existen canales como la línea 141 del ICBF, la línea 123 de la Policía y la plataforma Te Protejo para activar rutas de atención, aunque su conocimiento entre menores y familias sigue siendo limitado. Los expertos también subrayan la necesidad de abordar causas estructurales como la desigualdad de género, la pobreza y la normalización de la violencia.
Fuente original: El Tiempo - Vida