En una jugada para defenderse de la nueva carga tributaria, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentó una acción ciudadana ante la Corte Constitucional buscando que se declare inconstitucional el Decreto 0173 expedido el 24 de febrero de 2026. La medida, implementada por el Gobierno Petro dentro de su declaratoria de emergencia económica, estableció un impuesto al patrimonio específicamente dirigido a las instituciones de educación superior privadas del país.

El recurso fue radicado el viernes 13 de marzo y refleja la molestia que ha generado esta decisión en el sector académico privado. Las universidades están preocupadas porque consideran que este nuevo gravamen podría comprometer seriamente su estabilidad financiera y su capacidad de operación.

Los números pintan un panorama extenso del impacto. De acuerdo con información del Observatorio de la Universidad Colombiana, al menos 80 instituciones de educación superior privada tendrían que asumir el tributo. Esta cifra ha avivado las alarmas en un sector que ya enfrenta desafíos económicos considerables en los últimos años.