Las universidades privadas de Colombia encendieron las alarmas. El Gobierno del presidente Gustavo Petro acaba de expedir un decreto de emergencia económica que les mete la mano en el bolsillo a través de un nuevo impuesto al patrimonio. Y las instituciones de educación superior ven rojo porque consideran que esto puede golpear duramente su capacidad de invertir en estudiantes que más lo necesitan.

Según la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), el impacto de este tributo sería de aproximadamente 135 mil millones de pesos. "Con estos recursos se podrían financiar cerca de 15.000 cupos de educación superior y miles de becas para estudiantes de menores ingresos", sostuvo la asociación. En otras palabras: es dinero que podría estar en manos de jóvenes que hoy no pueden pagar una carrera.

Lo que preocupa realmente es que estas instituciones no funcionan como empresas comerciales. Jaime García, experto en proyectos educativos, lo explica bien: "Estas universidades están compuestas de edificios, computadores, instalaciones e infraestructura. Ese es el único activo que tiene, pero no generan lucro y los excedentes lo reinvierten en eso mismo". Es decir, cualquier dinero que les sobre no va a los dueños o accionistas, sino que se devuelve al proyecto educativo. Esos excedentes son para becas, para pagar profesores, para mejorar laboratorios y bibliotecas. Ahora, con el impuesto, esos recursos tendrían que ir a las arcas públicas.

García advierte que el decreto "termina siendo una financiación implícita", pues el impuesto al patrimonio "se tiene que pagar sobre lo que una persona natural o jurídica tenga, así no esté produciendo". Dicho de otra forma: aunque una universidad no genere ganancias, tendrá que sacar dinero de algún lado para pagar. "Les tocaría usarlos para pagar el impuesto, suponiendo tengan excedentes porque si no, les tocaría mirar de dónde sacarán la plata: como endeudarse", señala el académico.

La medida impactaría entre 75 y 80 universidades privadas del país. Las grandes universidades son las más golpeadas: la Universidad Externado pagaría 23.500 millones, la Javeriana 9.100 millones, la Pontificia Bolivariana 8.200 millones y la de Los Andes 8.100 millones, según proyecciones del Observatorio de la Universidad Colombiana.

Ascun pide que se abra un diálogo con el Gobierno. La asociación argumenta que la educación superior es un servicio público con función social, conforme a la Constitución. Por eso considera que las universidades sin ánimo de lucro no deben ser tratadas igual que empresas comerciales. "Nuestro llamado es a promover un diálogo institucional que permita evaluar los efectos de esta medida y encontrar alternativas que no comprometan el acceso de miles de estudiantes a la educación superior ni la estabilidad de un sistema que resulta estratégico", dice la asociación.

El mensaje es claro: si el Gobierno quiere que haya más educación superior en el país, tiene que pensar dos veces antes de cobrarle impuestos a quienes la están brindando.