La Universidad Nacional de Colombia atraviesa su peor crisis de gobernanza en años. Lo que comenzó como una simple elección de rector se convirtió en un enfrentamiento judicial que tiene paralizados a estudiantes, profesores y administrativos, generando una incertidumbre que afecta el funcionamiento cotidiano de la institución.

El punto de ruptura llegó cuando la Sección V del Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector. El tribunal encontró irregularidades en el proceso que adelantó el Consejo Superior Universitario y, en sus considerandos, afirmó: "Esta circunstancia impacta directamente la posterior elección del señor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz, razón suficiente para dar por acreditados los cargos de nulidad planteados en la demanda". Esta sentencia echó abajo meses de trabajo administrativo y obligó a replantear toda la dirección de la universidad.

Luego vino otra orden judicial que complicó aún más las cosas. Un juzgado ordenó al Consejo Superior restituir a José Ismael Peña en el cargo de rector, considerando que su elección inicial seguía siendo válida. La decisión generó polarización: algunos la vieron como una reivindicación del proceso original, mientras otros la interpretaron como una intromisión en la autonomía universitaria que la constitución le reconoce a estas instituciones.

Los estudiantes no aguantaron. Desde el 17 de febrero, los de la sede Bogotá declararon un paro indefinido. Exigen la renuncia inmediata de Peña y piden que se defina un nuevo mecanismo de elección en la próxima reunión de la Mesa Constituyente Universitaria. Las asambleas se multiplicaron, las clases se paralizaron y el calendario académico quedó en suspenso. Lo que preocupa es que la comunidad universitaria quedó dividida sobre quién debería dirigir la institución.

El cambio de mando también dejó su huella en los cargos de confianza. Varios vicerrectores y funcionarios de alto nivel que habían sido designados durante la administración Múnera presentaron sus renuncias. La profesora Carolina Jiménez, quien se desempeñaba como vicerrectora de la sede Bogotá, fue una de ellas. En su comunicado explicó que "atendiendo al fallo del Tribunal Superior de Bogotá he presentado el día de hoy mi renuncia a la Vicerrectoría de la Sede Bogotá, la cual se hará efectiva a partir del 19 de febrero de 2026". A pesar de los tiempos difíciles, Jiménez manifestó esperanza al señalar que "el momento actual abre una coyuntura compleja para nuestra Universidad, pero sabemos que la fortaleza del conjunto de la comunidad universitaria nos permitirá sortearlo en perspectiva de la defensa de una universidad pública y al servicio del bien común de la sociedad".

Lo que está en juego aquí va más allá de quién ocupe el despacho del rector. Es sobre cómo funcionan internamente nuestras universidades públicas, quién tiene poder de decisión y cómo se garantiza que esas decisiones reflejen la voluntad de la comunidad que las integra. Por ahora, la Nacional sigue en territorio de incertidumbre, y cada fallo judicial parece generar más preguntas que respuestas.