La disputa entre la Universidad de Córdoba y la Gobernación pasó de los escritorios administrativos a los juzgados. La institución educativa activó un proceso de cobro jurídico para exigir la entrega de recursos del impuesto de registro que supuestamente no han sido girados. La cantidad en disputa es considerable: más de 2.600 millones de pesos que, según la universidad, son vitales para que su sede en Sahagún pueda funcionar correctamente.

Desde la institución dejan claro que no se trata de caprichos presupuestales. Esos dineros sostienen servicios públicos básicos, el mantenimiento de la infraestructura y los programas de apoyo académico que benefician a cientos de estudiantes. Sin ellos, la operación de la sede se vuelve insostenible. El rector Jairo Torres Oviedo justificó el paso a la vía jurídica como la única forma de garantizar que se cumpla lo que ya establece la ordenanza.

Lo preocupante es que este conflicto no es reciente. Dos años llevan sin que se transfieran estos recursos, tiempo durante el cual la sede ha funcionado en precariedad. Ahora, con la demanda en marcha, queda por verse si la presión legal logra desbloquear los pagos o si profundiza aún más la tensión entre ambas entidades. Lo que está realmente en juego es la sostenibilidad de la educación pública en la región.