La polémica en la Universidad de Sucre puso al descubierto un problema que venía gestándose en las universidades públicas colombianas: docentes con ingresos que rozaban los 90 millones de pesos mensuales mientras las instituciones enfrentaban aprietos financieros. El debate sobre cómo era posible que algunos profesores ganaran tanto llegó a su punto de quiebre cuando estudiantes iniciaron un paro exigiendo respuestas sobre el llamado "cartel de los puntos", un mecanismo mediante el cual un pequeño grupo de docentes de planta lograba incrementar sus ingresos de forma significativa.

En respuesta a esa movilización estudiantil, la rectoría tomó una decisión que afectó directamente a 430 docentes vinculados por hora cátedra: les canceló los contratos. La justificación fue clara: según explicaron desde la administración, estos profesores fueron declarados en vacancia porque la universidad suspendió actividades académicas. La rectoría advirtió que "la continuidad de dichas vinculaciones se encuentra condicionada a la existencia de carga académica efectiva y a la prestación real del servicio educativo". Sin clases, argumentaron, no hay necesidad de estos servicios.

Pero la medida generó una molestia considerable entre los docentes afectados. Muchos se sintieron víctimas de una situación en la que no tenían culpa. Uno de ellos expresó lo que sentían varios colegas: "Quienes crean el caos están sabroso, sí o sí les pagan su salario, mientras que aquellos que nada tenemos que ver con tal escándalo somos lo que pagamos las consecuencias, ¿es justo?", según relató a El Tiempo bajo reserva.

Mientras tanto, el Gobierno diseña una solución más estructural. Ya circula un proyecto de decreto que busca poner límites a estos ingresos desproporcionados. La propuesta contempla fijar un máximo de puntos por nivel en el escalafón académico, prohibir que un docente gane más que el rector de su propia universidad y establecer techos salariales relacionados con los salarios de autoridades como el presidente, gobernadores o alcaldes, dependiendo del tipo de institución. Lo que no harán es rebajar los sueldos de quienes ya alcanzaron esos 90 millones, considerados derechos adquiridos.

El ministro de Educación, Andrés Rojas, había cuestionado públicamente en 2024 cómo era posible que "hay profesores y profesoras que se ganan 60, 70 y 80 millones de pesos porque publican hasta 12, 14, 15 publicaciones de investigación al año".

Sin embargo, la iniciativa no ha tenido un recibimiento amistoso en sectores del profesorado. Los sindicatos salieron al paso con un pronunciamiento conjunto en el que expresaron: "Manifestamos nuestro rechazo a cualquier intento del Gobierno Nacional de promover (...) un proyecto de decreto que modifique o fije topes salariales (...) sin una discusión amplia, seria y democrática". Además, advierten que estas reformas pueden alimentar una percepción equivocada sobre los docentes en general. Según su criterio, "Se alimenta así la falacia de los 'salarios astronómicos'", ignorando que muchos profesores enfrentan condiciones de inestabilidad y precariedad laboral.