Los observadores de la Unión Europea no dejaron dudas: las elecciones presidenciales del 21 de junio en Colombia fueron limpias. La Misión de Observación Electoral de la UE presentó su informe preliminar y aseguró que la Registraduría organizó todo de manera "transparente y eficaz". El sistema de transmisión y consolidación de resultados funcionó como debe ser, y el escrutinio manual ratificó lo que ya se había contado en la previa sin encontrar nada raro por el camino.

Desde el Parlamento Europeo también vinieron las felicitaciones. Idoia Mendia, quien participó en la observación, destacó que Colombia demostró nuevamente la solidez de su democracia con una jornada electoral pacífica y ordenada, a pesar de toda la polarización que caracterizó la campaña. Para los europeos, esto habla bien de instituciones fuertes e independientes que funcionan al servicio de lo que quieren los ciudadanos.

Pero lo más directo vino después. Los observadores europeos no pudieron dejar pasar las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades en la segunda vuelta. Esteban González Pons fue contundente: "Sobre el presidente Petro, repito lo que ya dije antes: el proceso de escrutinio es manual, es transparente y está dotado de trazabilidad. Todos pueden observar cómo se produce y no tiene trampa. Sigue sorprendiéndonos que el presidente denuncie irregularidades que no denuncian los candidatos". Y luego fue más claro aún: "Él debe cumplir con su labor como mandatario, él no es un candidato".

González Pons incluso abrió la puerta a que Petro pudiera estar desinformado. "Si usted me pregunta si el presidente Petro puede estar desinformando, participando en la ceremonia de la desinformación, es posible que lo esté haciendo", señaló. Pero aclaró que lo que realmente valoran es "la extraordinaria institucionalidad de la democracia colombiana".

El mensaje de Bruselas termina siendo un espaldarazo contundente a las instituciones electorales colombianas. Mientras el presidente cuestiona resultados, la comunidad internacional refuerza su confianza en que el sistema funcionó como debe, que los resultados son verificables y que están ajustados a la ley.