Después de años de esperas prolongadas en las ciudades, la reparación individual para las víctimas del conflicto armado está llegando a donde de verdad viven los afectados. La Unidad para las Víctimas, junto con el CISP, una organización cooperante internacional, acaba de activar una estrategia de despliegue territorial en Cesar y La Guajira que busca cerrar la brecha entre las instituciones y los sobrevivientes del conflicto.

El plan es ambicioso pero simple en su intención: treinta profesionales se movilizarán por los territorios de ambos departamentos para acompañar directamente a las víctimas. No se trata solo de indemnización administrativa, sino de resolver inquietudes, actualizar documentos y guiar a las personas en lo que necesiten para avanzar en su reparación. Esta iniciativa se desarrolla bajo un convenio firmado entre la Unidad para las Víctimas y el CISP, financiado por el Fondo Multidonante de Naciones Unidas.

La estrategia funciona con dos enfoques complementarios. Por un lado, hay equipos móviles que se desplazan por zonas rurales de difícil acceso llevando atención directa a las comunidades apartadas. Por otro, se establecen equipos fijos en las cabeceras municipales para atender a quienes viven en centros urbanos. De esta manera se garantiza que nadie queda fuera por vivir en la periferia.

Según explicó Angie Ruiz, profesional del CISP encargada del despliegue territorial para estos departamentos, "el objetivo es fortalecer el acceso a la reparación individual mediante acompañamiento en territorio, que la reparación llegue donde están las víctimas. Escuchar, orientar y actuar directamente en el territorio permite avanzar en procesos más oportunos y cercanos, facilitando que la indemnización administrativa sea un derecho efectivo y no una espera prolongada".

Los profesionales que se desplegarán no solo gestionan indemnización. También orientan sobre otras medidas de reparación que contempla la Ley 1448 de 2011, como rehabilitación física y psicológica, satisfacción judicial y garantías de no repetición. El propósito es que las víctimas entiendan su ruta de reparación completa y sepan qué pasos deben dar.

Durante los próximos seis meses, esta iniciativa funcionará en municipios priorizados de Cesar y La Guajira, con especial atención en zonas rurales dispersas y comunidades indígenas wayuu que históricamente han sido golpeadas por el conflicto armado pero muchas veces dejadas de lado en los procesos de reparación institucional.