Las cifras que dejó la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia tienen un patrón preocupante que va más allá de la simple curiosidad estadística. En diferentes regiones del país, especialmente en territorios donde organizaciones armadas ilegales tienen presencia histórica, aparecieron mesas de votación con resultados que desafían cualquier lógica democrática: el cien por ciento de los votos para un único candidato.

Un análisis de la Universidad Externado de Colombia identificó 218 mesas con esta característica de unanimidad prácticamente absoluta. La mayoría se concentra en zonas del Pacífico colombiano, particularmente en Chocó, Cauca y Nariño. Estos territorios comparten un denominador común: son regiones de extrema violencia donde grupos armados mantienen control territorial hace años. Analistas y políticos coinciden en señalar que la explicación más probable es la presión ejercida por estas estructuras ilegales, lo que se conoce en el país como "voto fusil" (cuando los electores son coaccionados para votar por un candidato específico).

Ahora bien, aunque estos resultados constituyen un fuerte indicio de irregularidades, no representan por sí solos una prueba concluyente de fraude electoral. Sin embargo, eso no significa que debamos mirar hacia otro lado. Una democracia auténtica no puede construirse sobre la ingenuidad de quienes deciden ignorar las señales de alarma cuando estas son evidentes. Tampoco puede sostenerse únicamente en actos de fe. Funciona sobre mecanismos de verificación y control.

Por eso la segunda vuelta electoral exige una vigilancia sin precedentes. No se trata de fabricar escándalos ni de descalificar anticipadamente resultados. Se trata de garantizar que en territorios donde la libertad del elector pudo verse comprometida por intimidación o control armado, cada voto fue realmente libre. Las autoridades tienen la obligación de ejercer mayor supervisión precisamente en estas zonas rojas. Las campañas políticas deben acreditar testigos electorales. Los ciudadanos tienen derecho a exigir transparencia en los escrutinios y revisión de actas.

Impugnar una mesa no es atacar la democracia. Solicitar auditoría no es desconocer resultados. Exigir trazabilidad es lo opuesto a conspirar contra las instituciones: es precisamente lo que las defiende. La confianza absoluta en una elección que tiene anomalías documentadas sería ingenuidad. Lo que fortalece la democracia es permitir la duda razonable, examinarla y resolverla con transparencia.

Si al final se comprueba que todo estuvo en regla, la democracia saldrá fortalecida. Si aparecen irregularidades, habrá servido el control ejercido. La transparencia nunca ha sido una amenaza para las instituciones. Ha sido siempre su mejor defensa.